El catalán en Europa tiene el mismo estatus ahora mismo que el español en Cataluña. No existe. La diferencia es que el catalán no es oficial en Europa y a este paso no lo será nunca mientras que el español es oficial en Cataluña, es la lengua materna de más de la mitad de los habitantes de la región, es la lengua común de todos los españoles, la hablan seiscientos millones de personas y es el segundo idioma de los Estados Unidos aunque el percebe de Trump la haya borrado de la web de la Casa Blanca.
De modo que los mismos que piden, reclaman, suplican y demandan por las esquinas de Bruselas que quieren que las resoluciones sobre los tapones de las botellas se traduzcan al idioma de Pompeyo Fabra son los que han perseguido el español en Cataluña con saña de talibanes y métodos estalinistas; los mismos que han incumplido las leyes con despampanantes alardes, los que piden respeto para su lengua mientras ridiculizan la de la mayoría de sus compatriotas.
La cuestión lingüística en Cataluña se basa en estos momentos en dos asuntos: la patética campaña de José Manuel Albares en favor de la oficialidad del catalán en la Unión Europea y si el gobierno de Salvador Illa acatará lo que diga el Tribunal Constitucional sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria o hará lo típico en la Generalidad catalana en caso de que la sentencia imponga definitivamente ese porcentaje.
Mientras Pedro Sánchez pone toda la capacidad diplomática de España al servicio de las pretensiones lingüísticas de Puigdemont, permite que en Cataluña se discrimine a los castellanohablantes, se impida o dificulte el uso del español en la enseñanza y se le pongan trabas en actividades como la sanidad y el comercio.
Nada nuevo. Cataluña ha sido en las últimas décadas el laboratorio de un tortuoso experimento lingüístico, la llamada inmersión. Se han pisoteado los derechos de los castellanohablantes por sistema y con total impunidad. Se ha despreciado, ridiculizado y marginado un idioma y una cultura hasta límites criminales. Y se ha llegado a imponer castigos en las escuelas por hablar español. ¿No? ¿Y la niña de Canet? ¿Y los niños que han tenido que cambiar de escuela y hasta de municipio porque la "comunidad educativa" se manifestaba a las puertas de sus casas por haber pedido sus familias una educación bilingüe? Casos aislados, ¿verdad? Inadaptados. Eso es lo que han defendido las autoridades autonómicas con un cinismo extraordinario.
Bueno, pues estos mismos se quejan ahora de que en Europa el catalán no es oficial y cargan contra el PP por no se sabe bien qué maniobras que supuestamente habría perpetrado Núñez Feijóo en contra del reconocimiento. Pero hombre, por Dios, si no hay más que mirar a Albares para darse perfecta cuenta de todo lo que ha podido salir mal.
En esa loca campaña para lograr la oficialidad del catalán (y el gallego y el vasco de paso) el bueno de Albares ha llegado a prometer a sus homólogos que España se haría cargo de los gastos, que todo el coste de darle el gusto a Puigdemont correría a cuenta de fondos públicos españoles, que esos 130 o 140 millones de euros anuales según los cálculos del ministro los pone Sánchez. Es de no creer. O sea, que Sánchez paga a Puigdemont su estancia en Moncloa con fondos públicos. Si eso no es malversación nada es malversación.
Que se lo cuente Albares a los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tendrán que decidir si ese concreto delito de malversación es amnistiable porque a Sánchez le conviene, o no lo es porque está expresamente prohibido por las leyes de la Unión Europea utilizar fondos públicos para intereses privados.
Según los jueces del Tribunal Supremo, los golpistas catalanes malversaron porque se dieron el capricho con fondos públicos, no con sus calés, y eso es malversación. Los golpistas catalanes replican que no se enriquecieron. Ya, ya. Como tampoco se enriquece Sánchez en Moncloa, pero está dispuesto a malversar por no hacer mudanza.