La democracia son los padres
La ley de amnistía la redactó el abogado condenado por terrorismo de un lunático golpista fugado de la justicia, con la asesoría del presidente del Tribunal Constitucional español. Por parte del gobierno la negoció un señor que acaba de ser expulsado de su partido por corrupción. No hay nada en esa ley que no sea delictivo y que no esté rodeado de un hedor que haría vomitar a un rebaño de cabras criado en un vertedero de Kabul.
El TC de Conde Pumpido es ya un sintagma que arrastra el mismo rastro de indignidad que "el CIS de Tezanos" o "el Barça de Negreira", un símbolo de esta época en la que nos ha tocado vivir en la que el resto de España es una colonia del nacionalismo catalán más desquiciado y corrupto. Las consecuencias a corto plazo de la ley son las esperables: la impunidad para la marea de dementes que incendió Barcelona durante semanas y mandó a decenas de policías al hospital o al retiro anticipado en defensa de un puñado de cretinos sin escrúpulos ni cerebro que se creían con derecho a embutirnos su bandera y su causa de mierda hasta el fondo de la garganta mientras hablaban con tonito melifluo y dedito enhiesto de derechos y libertades. Las consecuencias a largo plazo serán mucho peores.
Cuando el separatismo vuelva a intentarlo, que será en cuanto en Madrid haya un gobierno que no le conceda cualquier cosa que se le ocurra al movimiento más malcriado de la historia, se encontrarán un Estado infinitamente más débil. No sólo por la eliminación del delito de sedición y el adelgazamiento del de malversación, que también fueron aprobados a capricho del ultranacionalismo golpista, sino porque a ver con qué cara le vamos a pedir ayuda a Europa o a la comunidad internacional. "Oiga, que es que le están haciendo a la democracia lo que Monedero a sus alumnas", a lo que Europa contestará "Pues oye, la última vez aprobasteis una ley que decía que pelillos a la mar, tan grave no será".
Pero el problema no son solo los corruptos y los golpistas, sino nosotros. Los demás. Los que no delinquimos y creemos, o creíamos, en un sistema increíblemente imperfecto, pero mayormente funcional. La resistencia a una ley que es manifiestamente ilegítima ha sido escasa, tirando a nula. Un grupo de chavales que se manifestaron en el epicentro de la corrupción moral y económica del Sanchismo a lo largo de unos pocos meses y ya. Uno habría esperado cierta combatividad en el primer partido de la oposición, que controla el Senado y que podría haber llevado a un choque institucional que, en todo caso, sería cientos de miles de millones de órdenes de magnitud inferior al que el secesionismo ultra provocó en el otoño de 2017. Pero el PP se ha limitado a responder señalando papeles y agitando mucho los brazos. "¡Es inconstitucional!", exclamaban, citando las docenas de ocasiones en que dirigentes socialistas, empezando por Sánchez, sostuvieron eso mismo hasta el día antes de necesitar los votos del golpista perturbado de Waterloo. No amigos. Es constitucional. Claro que lo es. El problema es cómo hemos permitido que lo sea.
Absolutamente nadie ha arriesgado nada para evitar llegar hasta aquí. Ni siquiera dinero. Los chicos de Ferraz llevaron un día muñecas hinchables a la protesta, entre los grititos histéricos de la izquierda biempensante. Esas muñecas las pagaron ellos y un puñado de afines de Tuíter. No hay financiación ni estructura para resistir al sanchismo, y todo se fía a un resultado electoral de cuya limpieza nunca habríamos dudado hasta que supimos que Leire Díez, la fontanera del PSOE, había estado a cargo del voto por correo.
Ni siquiera los cuatro jueces no sanchistas del TC han querido dejar de participar en la farsa. Saben, como lo saben los otros seis jueces que han aprobado esa aberración legal, que la amnistía al golpismo es únicamente un instrumento para que el marido de la presunta corrupta se mantenga en el poder, y que no cabe en ningún caso en una Constitución que prohíbe explícitamente los indultos generales (artículo 62), no digamos ya las amnistías generales redactadas por el líder de los delincuentes. Pero eh, ahí están. Dando apariencia de normalidad a lo que no es más que la liquidación del estado de derecho tal y como lo conocemos.
El PSOE puede aprobar literalmente cualquier cosa porque sabe que el TC va a dar palmas con las orejas y la prensa afín, que ha tenido un brevísimo momento dubitativo en su fe inquebrantable en el Amado Líder pero ya ha vuelto rápidamente al redil, se va a limitar a repetir las consignas como las cheerleaders de un equipo de fútbol americano de un instituto del Medio Oeste. Àngels Barceló y Esther Palomera con unos pompones chillando "¡Dame una P, dame una E, dame una D, dame una R, dame una O!" es lo que en España llamamos periodismo.
Así que la democracia son los padres. El 78 está muerto, y sólo queda saber qué lo va a sustituir. Hay dos posibilidades: una, el pacto Sánchez-ETA-Golpismo-Castrismo-Recogedores de nueces, que más o menos sabemos en qué va a consistir: derecho de pernada de vascos y catalanes sobre el resto de los españoles, imposición a hierro de los delirios de la izquierda chavista e impunidad para los amigos y familiares del presidente. O sea, España desde 2019 hasta hoy pero con esteroides y pagando dos mil euros por un zulo sin ventilación que en El País llamarán "Undergrounding: la moda de no ver la luz del sol que arrasa entre los jóvenes".
La otra posibilidad depende de qué estamos dispuestos a hacer para impedir la hegemonía de los enemigos declarados del país y de más de la mitad de la población. Y siguiendo a quien. Porque los dos líderes de la oposición en España son, probablemente, las dos personas menos carismáticas de este lado del Trópico de Cáncer. De Perro Cáncer.