Algo realmente grave tiene que estar pasando en la justicia española para que hoy, ante la sede del Tribunal Supremo, haya tenido lugar una concentración convocada por tres asociaciones de jueces y dos de fiscales bajo el lema "En defensa de una Justicia independiente". Con la asistencia de la representación del 80% de los jueces y fiscales españoles, respaldados por letrados y funcionarios de la administración de justicia, abogados, procuradores y ciudadanos en general, la reunión ha tenido como principal objetivo salir al paso de las reformas legislativas propuestas por el Gobierno que, en su afán de controlar los tribunales, pretende modificar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal y encomendar al Ministerio Público la instrucción de los procedimientos penales.
Declaro que nunca he asistido a manifestaciones, concentraciones, asambleas o reuniones, salvo a las de mi comunidad de vecinos. Pero como alguna vez tenía que ser la primera, hoy me he acercado a la Plaza de la Villa de París para asistir al encuentro y, acto seguido, alzar mi voz con el propósito de que algunos políticos y no políticos tomen conciencia de la quiebra del equilibrio de poderes que pueden suponer las reformas pretendidas. De paso quisiera pedir a sus responsables que ayuden a la justicia de la mejor forma posible, es decir, dejando a los jueces y magistrados hacer lo que deben hacer.
Porque si don Félix Bolaños, el ministro del ramo, fuera sincero —que mucho me temo que no lo es—, reconocería que el asunto se reduce a términos de poder real y otros conceptos destinados a intervenir sin fisuras el Poder Judicial. Ese y no otro es el fin real y último de la reforma legal emprendida por mucho que se pretenda disimular bajo púdicas vestiduras.
Para expresar mi solidaridad con los convocantes, he aquí una crónica breve de ese encuentro, hecha a partir del testimonio de algunos jueces, fiscales, abogados y ciudadanos presentes en la manifestación.
Lo primero que he escuchado ha sido el lamento por tener que soportar, un día sí y otro también, cómo los políticos, y sobre todo los que gobiernan, quieren jueces dóciles que les sean rentables y que nunca decidan nada que les sea contrario o les incomode.
En este sentido, una opinión unánime ha sido que, con el nuevo sistema que patrocina el ministro Félix Bolaños, las oposiciones a las carreras judicial y fiscal dejan de ser la principal vía de acceso a ambos cuerpos, para ser sustituida, en buena medida, por el ingreso a través del llamado turno de concurso entre "juristas" –las comillas son intencionadas por la indefinición del término– y "jueces sustitutos" –también el entrecomillado tiene su justificación–, con lo cual, según demuestran la lógica y la experiencia, se elimina la oposición como procedimiento que mejor garantiza la ecuanimidad, al tener todos los aspirantes las mismas oportunidades. Vaya por delante, me aclaraba una magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, que no se trata de oponerse a que determinados cargos de la magistratura se cubriesen, como ahora ocurre, con juristas portadores de méritos eminentes contraídos en el foro o en la cátedra. En este punto, un juez venido de Andalucía sostenía, sin ocultar su enfado, que toda la reforma respondía al eslogan de que "ya que no podemos comprar a los jueces, pongamos a los nuestros".
No menos repetidas y firmes han sido las opiniones en relación al modelo de fiscal independiente configurado en la Constitución y la necesidad de que sobre el fiscal general del Estado no gravite el prejuicio de ser correa de trasmisión del Gobierno. "A ver si de una puñetera vez se convencen de que el fiscal general no puede ser de nadie, ni partidista ni sectario", me dijo un fiscal con veintiséis años de servicio.
En esta dirección se han movido las criticas dirigidas al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para encomendar a los fiscales la dirección de la investigación de las causas penales y eliminar la figura de los jueces de instrucción, algo que me resulta muy fácil de compartir, pues soy de los que sostengo que, en estos momentos, con un problema de credibilidad como el que padece el Ministerio Público, la búsqueda del fiscal imparcial es un objetivo que queda demasiado lejos. La persecución de los adversarios políticos del Gobierno y la búsqueda de impunidad para sus amigos sería una sospecha más que justificada, me dijo una fiscal a la que tuve el honor de preparar en su faceta de opositora. Admitamos que el señor Bolaños se pueda molestar al oír que el Ministerio Fiscal, en su tarea de responsable de la instrucción, no actuaría ajustándose a la legalidad y que a quienes así opinamos nos reproche que eso es poner en duda la rectitud de una institución básica del Estado. Si así fuera, al ministro habría que responderle que, en realidad, no es eso lo que se cuestiona. No. Lo que se teme es que los hombres y mujeres que forman parte del Ministerio Público, por muy independientes de juicio y corazón que sean, no estén en condiciones de sustraerse a las indicaciones u órdenes del Poder Ejecutivo del que don Félix Bolaños o cualquier otro que le sustituya, forma parte. Ignorar esto es cerrar los ojos a la evidencia y todos, o casi todos, sabemos que a los políticos les sobran los fiscales imparciales. Eso sin contar que vivimos en un país en que la independencia se premia con la moneda del desprecio y la obediencia ciega es lo que gusta y se recompensa.
Entre las reivindicaciones más sonoras, destacó la exigencia de respeto al Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. Comentarios como que Tribunal Supremo no hay más que uno y no es el Tribunal Constitucional o que no se puede negar legitimidad al primero como algunos irresponsables a menudo hacen, fueron de las cosas más suaves que he podido escuchar.
Aquí pongo punto y final a esta reseña de lo que, en esencia, dio de sí la breve, serena y apacible concentración de esta mañana en Las Salesas, de la que si tuviera algo que resaltar con trazo grueso es la presencia de jueces y fiscales que aman sus profesiones como aman la Justicia a la que sirven. Unos y otros no son más que meros administradores, a veces generosos, a veces tacaños, de la Justicia de este mundo en que vivimos, pero que, en tiempos de extrema crisis, quizá lo que les apeteciera sería renunciar a sus funciones. Quien esto escribe conoce el trabajo de la mayoría de los jueces y fiscales españoles y es verdad que, según los casos, goza y sufre cuando ve cómo actúan y por qué actúan.
En fin, veremos en qué acaba la espuria iniciativa legislativa que ha motivado el encuentro, pero, en cualquier caso, hay algo evidente. Me refiero a que el proyecto de reforma que se nos ofrece demuestra que el Gobierno no tiene voluntad firme de reformar la Justicia, como ejercicio de responsabilidad, sino por intervencionismo manipulador. El Poder Judicial, uno de los poderes fundamentales del Estado, no puede seguir siendo tributario de otros poderes.
A mí me parece, y lo he dicho varias veces, que el mundo de la Justicia va por mal camino, pero no se me oculta que quizá no pueda, porque se lo impiden, caminar por ninguno otro diferente. Declaro que son los jueces, los fiscales y los abogados quienes, con la ayuda de los ciudadanos, debemos probar a sacar nuestras propias castañas de un fuego que no nos es ajeno. Si quienes acabo de citar fuésemos capaces de sentirnos solidarios no me cabe duda de que los mercaderes de la Justicia se abstendrían de quebrantar los indiscutibles principios de libertad e independencia judicial.
Y un brindis, al que don Félix Bolaños queda emplazado: ¡Larga vida para la Justicia!, esa diosa que, tantas veces se cae porque la empujan, tantas veces se levanta.