La imprevisión del Gobierno y el caos administrativo que afecta desde hace meses a los servicios esenciales del Estado tienen en el maltrato a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su cara más reprochable. La última afrenta de este tipo afecta a diez agentes de la Policía Nacional, desplazados a Palma de Mallorca para reforzar la seguridad del Jefe del Estado, que han sido expulsados de sus hoteles porque Interior no les ha proporcionado los fondos suficientes para cubrir la estancia programada.
Resulta ciertamente vergonzoso que nuestros policías se vean tratados como delincuentes por la falta de previsión del departamento de Grande Marlaska, un ministro lamentable por muchas razones que ni siquiera es capaz de atender en tiempo y forma los gastos de los agentes a sus órdenes. Además de maltratar injustamente a unos policías desplazados de su lugar residencia, la expulsión de los uniformados de sus hoteles plantea un problema añadido que afecta al desempeño de sus funciones como miembros del equipo de seguridad de la Casa Real.
Pero no solo los policías destinados a Mallorca están sufriendo las consecuencias de la mala gestión del ministerio de Interior. En los últimos días hemos dado cuenta también del caos ocurrido en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid, con retrasos y pérdidas de vuelos de miles de pasajeros, como consecuencia de un problema informático en los sistemas de control de pasaportes de la Policía Nacional. También hemos conocido la situación bochornosa de los policías y guardias civiles destinados a Sevilla para garantizar la seguridad de la Cumbre de la ONU, a los que se les repartieron alimentos insuficientes y en mal estado, o los problemas derivados de la falta de reposición de la caja pagadora de la Policía Nacional, que no ha podido satisfacer los gastos de dietas y viajes adelantados por los propios agentes para cubrir las necesidades del servicio.
Es intolerable que el Gobierno que con más insistencia machaca el bolsillo de los ciudadanos no sea capaz de atender el funcionamiento normal de los servicios esenciales del Estado, como el mantenimiento del suministro eléctrico, el transporte ferroviario, o la previsión de fondos para atender los gastos ordinarios de los policías. En este último caso no estamos ante un hecho puntual motivado por la incompetencia de un responsable intermedio. Todo es consecuencia directa del caos estructural del ministerio de Marlaska, que pone de manifiesto, una vez más, lo que la Policía y la Guardia Civil importan al Gobierno sanchista.