Cuentan las crónicas que la aprobación del Proyecto de Ley de Información Clasificada ha provocado un enfrentamiento entre Margarita Robles y Félix Bolaños a cuenta de la Autoridad encargada de clasificar los documentos. Actualmente, esa autoridad es la directora del CNI, que depende de Defensa. Pero Bolaños quiere integrarla en Presidencia, que es precisamente su ministerio, y así lo dispone el proyecto. No es la primera vez que un conflicto de esta naturaleza ocurre. Ya Soraya Sáenz de Santamaría consiguió que el CNI dependiera orgánicamente de Presidencia, para así mandar en él. Sánchez lo devolvió a Defensa.
En esta ocasión, el ministro de la Presidencia no se ha atrevido a tanto, pero quiere que la autoridad que clasifique y desclasifique la información confidencial le obedezca a él. ¿Por qué? Para poder responder, hay que reparar en otro elemento de la futura ley: el plazo fijado para la desclasificación de los documentos más secretos. El proyecto establece el de 45 años. Es un guarismo raro porque, a fuer de arbitrario, ¿por qué no fijarlo en 50, un número más redondo, o cuarenta, si es que cincuenta parecen demasiados? Por lo que sea, se ha elegido ese extraño lapso, que da la casualidad que afecta directamente al primer felipismo, el de los GAL, cuya información sensible se podrá desclasificar a partir de 2027, fecha de las próximas elecciones.
Como el sanchismo no sólo es rencoroso y vengativo, sino también ladino, el proyecto prevé la posibilidad de ampliar en según qué casos el término hasta en quince años más. Así que el mensaje que el proyecto envía a Felipe González es el de que más vale que se esté calladito pues, si no, verá la luz todo lo que las zahúrdas del Estado guarden de sus hazañas durante la guerra sucia. Porque la información saldrá o no saldrá dependiendo de cómo se porte el expresidente del Gobierno, acusado de haberse hecho de derechas.
Para que tal amenaza sea eficaz, la autoridad que decida sobre la prórroga o la desclasificación de la información no puede estar sometida a la única persona que ocupó un cargo importante con González, Margarita Robles, que fue secretaria de Estado nada menos que de Interior, y a la que Sánchez tiene por una "pájara". Esa decisión ha de depender de alguien que sea de la máxima confianza de Sánchez y ciego ejecutor de sus órdenes. Y quién mejor que Bolaños.
El conjunto de la operación envuelve también un mensaje para Feijóo. Si los socialistas son capaces de enzarzarse en una cruenta batalla por un proyecto de ley que no entrará en vigor hasta finales de 2026 y cuyos efectos sólo serán relevantes en los años siguientes, será porque el PSOE no tiene ninguna intención de abandonar el poder, con Sánchez o sin él. Y naturalmente, el propio Sánchez o Zapatero y Blanco o los tres juntos, tienen un plan para alcanzar su objetivo de estirarse hasta la próxima década. No sabemos en qué consiste, ni cuántas ilegalidades preverá, ni qué probabilidades de éxito tendrá, pero podemos colegir que muy respetuoso con la ley no será y que no necesitará demasiada suerte para triunfar. Así que, ya puede atarse los machos el gallego porque se cree que va a un duelo de esgrima, armado de florete, cuando a lo que se dirige es a un combate que se va a librar enterrados los dos de medio cuerpo para abajo y a garrotazos.