ZP es el padre de Juana
Vivimos en un país en el que hay una ley que no pone el foco en los hechos que se puedan juzgar, sino en el sexo del acusado y de la presunta víctima.
Si hay algo en lo que coincidiremos todos, los de derechas y los de izquierdas, los socialistas y los comunistas, los liberales y los conservadores, es que el germen de todo esto que está pasando en el caso Juana Rivas (Juana y Paqui Gallardo, para ser más preciso) está en ZP, en los infaustos gobiernos socialistas a partir del año 2004, en su búsqueda de elementos confrontantes y divisores de la sociedad en polos para poder justificar que lo ideal es votar en socialista, simplemente para que no gobierne el de enfrente.
La indiscutiblemente inconstitucional Ley Integral contra la Violencia de Género, significativamente cifrada como Ley Orgánica 1/2004, es el origen de esta sociedad que, algo más de dos décadas después, ha generado toda una cohorte de personajes absolutamente convencidos de que el tratamiento legal discriminatorio en función del sexo de las personas es algo de un democrático que te rilas; de que una mujer, por el hecho de serlo, está tocada por una especie de varita mágica judicial que la convierte en fuente de derecho y de validez jurídica hasta el punto de decidir quién es y quién no es un maltratador, quién merece poder ver y educar a sus hijos y quién no; y, por supuesto, posee testimonio de veracidad ante un tribunal, convirtiendo su palabra en infalible, inviolable e incuestionable.
Podremos dar todas las vueltas dialécticas y legales que queramos a esta descripción que acabo de trazar, pero es evidente que vivimos en ese país, en un país en el que, desde que empezó gobernar ZP, el verdadero artífice de este modelo de Estado, en esta cuestión y en otras muchas cosas, el culpable del estado de los procesos ilegales de independencia, el culpable de lEstado del blanqueamiento del terrorismo y de todo su entorno, del Estado de la inmigración ilegal y de las alianzas de civilizaciones, existe una ley que define como 'violencia de género' cualquier acto de violencia física y psicológica ejercida CONTRA LAS MUJERES por parte de sus parejas o exparejas, incluyendo la ejercida sobre sus familiares o allegados menores de edad.
Es decir, aunque no lo creamos, vivimos en un país en el que hay una ley que no pone el foco en los hechos que se puedan juzgar, sino en el sexo del acusado y de la presunta víctima, administrando tratamientos legales y penas diferentes en función de cuál sea éste y, sobre todo, valiéndose de leyes diferentes según éstos sean hombre o mujer.
Difícil de creer, ¿verdad? Pues es así. La manera en que la banda de ZP intentó luchar contra una realidad absolutamente rechazable, condenable e intolerable como es el que hombre ejerza violencia sobre su mujer (tan intolerable como cualquier otra violencia) fue crear una ley solo para eso, discriminar a las personas ante la violencia en función de su sexo, invertir la carga de la prueba convirtiendo en culpables a los hombres acusados de violencia de género si no logran demostrar su inocencia y, sobre todo, administrar penas diferentes en función de lo que cada uno encuentre entre sus piernas.
Y así, pasados 21 años, se ha ido entretejiendo un sólido y compacto tejido de chiringuitos para tratar de convertir esta barbaridad en una arcadia feliz y en una situación jurídicamente justificable y sostenible, por medio de institutos de la mujer, centros de atención a la mujer, premios para mujeres y un largo etcétera del que emanan tipejas como la tal Juana Rivas (de la que los socialistas antes decían que "está en mi casa", pero a la que ahora defienden más sutilmente) y su repulsiva asesora, una señora que se licenció en Derecho y no se ha colegiado, porque vive del cuento del Centro de Atención a la Mujer de Maracena, donde adoctrina y manipula a señoras para que odien a los hombres y justifiquen el hecho de despojarlos de sus más elementales derechos.
Así, esta semana el repugnante mensaje es que Francisco Arcuri no tiene derecho a estar con sus hijos y educarlos, a pesar de haber sido absuelto de todas las acusaciones que se le han administrado por iniciativa de Juana y Paqui, en una clara y miserable persecución judicial. Y todo ello porque ésta dice que es un maltratador, porque el hijo de ésta de 12 años dice lo mismo que su madre le ha dicho que diga y porque tanto Juana como Paqui están convencidas de que la ley ha de administrarse como ellas crean oportuno.
Y en mitad de todo ello, la más profunda repugnancia al leer y escuchar al equipo de opinión sincronizada pagado por este gobierno, a los medios que viven de que existan ZP y el sanchismo, tratar de justificar el hecho de que hay que privar a un hombre de un derecho tan fundamental por la sencilla razón de que una mujer lo acusa de todos sus males, pero sin presentar ni una prueba, ni una prueba que haya convencido o conmovido a ninguno de los jueces que han actuado hasta ahora en este caso; la vomitiva sensación de escuchar a un tertuliano, Carmelo Encinas, afirmar que él no ve tan claro el caso porque el tal Arcuri no le ofrece muchas garantías. Que se necesita ser sinvergüenza, pero sobre todo totalitario, para negar a un padre el ver a sus hijos porque a ti no te ofrece garantías el buen señor.
Hablamos, en definitiva, de una situación, por cierto, que viven a diario muchos hombres en este país, desde que un atentado terrorista torció la que era evidente e innegable voluntad popular y electoral, allá por al año 2004. Vivimos en un país pervertido desde entonces, por razones varias y una de ellas es ésta. No busquemos más: el padre de Juana es ZP. Y así nos va.
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