El Gobierno de Pedro Sánchez ha alterado por completo los ejes de nuestra política internacional sin rendir cuentas a nadie. Ni en el Congreso. Cero transparencia. Cuando puede, Sánchez se maneja como un auténtico sátrapa que sólo habla a su caballo. El presidente ha renunciado a la posición española en el Sahara sin justificar el abrupto cambio de postura, lo que ha dado pie a toda clase de especulaciones sobre el alcance del espionaje marroquí. También se ha enemistado (más) con Donald Trump, un personaje al que el 99% de los mandatarios mundiales mandaría a freír espárragos si no fuera porque es el presidente de los Estados Unidos y hay vidas y haciendas en juego. Se niega además a aumentar el presupuesto en Defensa, sigue contratando a Huawei a pesar del veto expreso de los Estados Unidos y de más de media Europa; y mantiene una posición contra Israel que le ha valido el reconocimiento de Hamás, una salvaje organización terrorista controlada por Irán. Un desastre.
España ya no es un socio fiable de la OTAN ni un país de peso en la Unión Europea, sino algo así como el chico de los recados de China encuadrado en el cártel de Puebla y con un representante internacional plenipotenciario, José Luis Rodríguez Zapatero, que lo mismo blanquea a Maduro que negocia con el prófugo Puigdemont en Suiza el futuro de España mientras visita China. Para los dirigentes del PSOE, España es una oportunidad de negocio fenomenal, una empresa multinacional, una plataforma logística para operar en el interior y en el extranjero y pegar unos pelotazos descomunales. Eso explica las fabulosas fortunas de algunos dirigentes socialistas. Tanta riqueza sobrevenida después de la política no cuadra con la agenda 2030.
En un pasado no muy lejano se entendía que la política exterior era un asunto de Estado, algo demasiado importante como para dejarlo al albur de las veleidades del gobernante de turno. Es cierto que el mundo era un lugar menos complicado, que los bloques estaban bastante más definidos y que era mucho más fácil distinguir entre amigos y enemigos. Sea como fuere, tampoco íbamos a llegar muy lejos con un presidente contaminado por la corrupción y un ministro de Exteriores como José Manuel Albares, cuyo principal objetivo internacional es que el catalán sea oficial en la Unión Europea. A nadie le interesa ya una foto con Sánchez. Lo dijo el otro día en La Razón el abogado de Puigdemont, Boye, el de la ley de amnistía.