Como por norma ocurre todos los veranos, la extinción de los incendios forestales también se ha convertido este agosto en la segunda prioridad tanto para el Gobierno central como para los autonómicos. Y es que la primera, como también sucede todos los años, consiste en acusar de la ineficiencia manifiesta en la extinción a los gestores institucionales del partido contrario; labor exhaustiva en la que ambos, PSOE y PP, se vuelcan por tierra, mar y aire; o sea, vía televisión, radio y redes sociales. Uno de los prejuicios políticos contrafácticos más arraigados en el sentido común dominante en la España contemporánea es ese que prescribe de forma dogmática el papel subsidiario del Estado central en todas las materias imaginables.
Cualquier asunto, según ese bulo ideológico, será siempre mejor gestionado por la administración "más cercana al ciudadano". Axioma perfectamente absurdo que, en el extremo, llevaría a suponer que el Ejército funcionaría mucho mejor si se transfiriera su mando operativo a las comunidades autónomas –en la difunta Yugoslavia comunista lo hicieron, por cierto–. Sin embargo, la evidencia empírica certifica con números una verdad desoladora a ese respecto. Y es que España, ahora mismo el Estado más descentralizado políticamente de la Unión Europea, resulta que concentra en su territorio el 40% de la superficie quemada de Europa. Y el suelo de España ni tan siquiera alcanza a representar el 5% del suelo europeo –ocupamos el 4,8%– .
Algo, esa estadística continental, que solo admite dos explicaciones: o los rayos del cielo muestran una extraña preferencia por caer en los campos españoles, primera posibilidad, o el modelo de gestión territorializada, autónoma e inconexa de los incendios no funciona en absoluto, segunda y última. Hay que acabar de una vez con la cacareada "solidaridad" entre autonomías cada vez que arde el monte y, en su lugar, establecer una autoridad nacional única y centralizada que coordine de modo jerárquico e imperativo todos los recursos disponibles en cada administración, tanto la central como las locales y regionales, para esas labores. El fuego, recuérdese, no conoce de competencias estatutarias ni de fronteras administrativas.