El Gobierno no escatima en medios ni en personal para demostrar minuto a minuto su absoluta incompetencia y su nula empatía con las víctimas de las catástrofes y de la gestión sanchista de dichas catástrofes. El último alto cargo en significarse en esa línea de torpeza, ignorancia y desprecio por la ciudadanía ha sido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, dedicada ya a tiempo completo a sus labores como líder de los socialistas valencianos y peón de Pedro Sánchez contra Mazón.
El Gobierno sólo ha pagado el 38% de los 16.600 millones de euros prometidos a los valencianos que sufrieron la tragedia de la DANA y según Morant, tal cosa es "por falta de demanda". Culpa de los valencianos, que no saben pedir ayuda aunque la necesiten y la quieran, se infiere de la pintoresca y alternativa excusa de la dirigente sanchista. No hay posibilidad alguna de que algún miembro del Gobierno acepte la más mínima responsabilidad en ningún desastre, ya se trate de pandemias, apagones, incendios y gotas frías, entre otras especialidades del socialismo a las que nos va acostumbrando Sánchez. Ni que admita el más mínimo fallo en su burocracia. Pero la realidad es que si las ayudas no se pagan es porque el Gobierno no quiere pagarlas. Es fácil de entender. Una cosa es predicar y la otra, dar trigo.
Por habitual que sea no deja de causar asombro y perplejidad la soberbia de la que hacen gala Sánchez y todos sus ministros, del menos inútil al más funesto, esa altanería y ese desprecio que se traducen en el perímetro de seguridad que les evita cualquier contacto no guionizado con los ciudadanos. Es probable, además, que haya algo personal contra la gente en Sánchez y en algunos de sus ministros, Morant, por ejemplo, después de lo de Paiporta.
La arrogancia del Gobierno en todas las materias le impide asumir que sus teorías sobre los incendios y su prevención son fruto de esa nueva religión del cambio climático que ampara toda clase de estafas con apariencia científica y da cobertura a negocios que están destruyendo el medio ambiente. Esa irracionalidad y ese fanatismo, tienen consecuencias mortales. No alterar el curso y el estado de la naturaleza por principio ecológico es una insensatez mayúscula que niega cientos de años de prácticas agrícolas, ganaderas y forestales sostenidas por el conocimiento y de reconocida eficacia para la conservación de la naturaleza, el bienestar de las personas y el mantenimiento de los animales. Pero es que además, el mismo Gobierno que pone trabas para limpiar un bosque es el que está destruyendo el paisaje con sus parques eólicos y sus estaciones solares.
Los españoles del medio rural, quienes trabajan el campo, los que ven amanecer y no saben de puentes ni de fiestas, son despreciados y discriminados cuando lo primero que deberían hacer todas las administraciones es prestar atención al clamor que nace en esa España devastada y rota, quemada y en la ciénaga. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha puesto letra a ese clamor:
"Durante décadas, las administraciones han dejado de lado a los agricultores y ganaderos, tratándolos como extraños en la prevención y gestión de los incendios, pero su labor es esencial: en las explotaciones ganaderas y cinegéticas, el pastoreo mantiene los pastos cortos y reduce la carga de material combustible; en el campo, las tareas de labranza, limpieza de olivares y creación de cortafuegos en los rastrojos tras las siegas contribuyen de forma directa a frenar el fuego".
El entrecomillado es un fragmento de un comunicado de esta organización en el que también deja claro que "los titulares de explotaciones forestales y cinegéticas contribuyen a la prevención con la limpieza de los montes, la eliminación de materia vegetal y podas, a pesar de la irracional burocracia y la lentitud en la concesión de permisos".
Los españoles del medio rural carecen de interlocutor en el Gobierno y en la mayoría de las administraciones. Están sometidos a un régimen burocrático asfixiante, bajo la bota de un interminable catálogo de normativas generalmente contradictorias de la UE, del Estado, de las comunidades, de las diputaciones y de los ayuntamientos, tratados con desdén y displicencia en las ventanillas o, aún peor, en los programas informáticos de las administraciones que, como es lógico, tampoco funcionan en la España sin cobertura.
Que la respuesta del Gobierno a los incendios sea un pacto de Estado climático y más leyes ecologistas es desolador para quienes aún resisten la dejadez, el abandono y las insensatas políticas de la izquierda, que hacen literalmente imposible la vida en la naturaleza. Y que ese Gobierno sólo haya abonado el 38% de las ayudas prometidas por la DANA lo dice todo de su preocupación por las víctimas de las catástrofes.