El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tenido la enorme desvergüenza de presentarse en la solemne apertura del año judicial y no contento con eso incluso ha tomado la palabra para envilecer todavía más el cargo, para arrastrar al Ministerio Público por el fango, para demostrar una vez más, por si había dudas, que los peones del sanchismo no sirven a sus cargos sino que se sirven de ellos. El bochornoso espectáculo protagonizado por García Ortiz pasará a la historia como uno de los episodios más oscuros y deshonrosos de nuestra democracia.
Esa marioneta de Pedro Sánchez cuyo único cometido es servir a su patrón hasta extremos indecentes e inéditos hasta el momento no conoce la dignidad e ignora a conciencia el más mínimo decoro. De ahí que haya sido capaz de deponer un discurso rastrero, un insulto a la justicia, una afrenta a la separación de poderes y una puñalada, otra más, al sistema democrático.
García Ortiz ha tenido el cuajo de justificar su presencia en el acto porque, dice, "creo en la justicia y en la verdad". En lo que no debe creer en absoluto es en el secreto de las comunicaciones, la intimidad y la propia imagen, no la suya, claro, sino la de los demás. Estamos hablando del fiscal que borró todos sus mensajes en dispositivos digitales antes de que fueran intervenidos para determinar su participación en la difusión de datos privados del ciudadano González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, del tipo que se resiste como gato panza arriba sin dimitir cuando está a un paso del banquillo, del primer individuo que ocupa el cargo de fiscal general en unas condiciones impropias en una democracia, del sujeto que obedece a su amo sin calibrar las consecuencias que las órdenes de Sánchez tienen sobre el crédito de la justicia.
Este fiscal general pasará a la historia como el elemento más tóxico, tosco y grosero de cuantos han pasado por el mismo cargo. En su discurso, García Ortiz ha dicho ser "plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal". Otra falsedad porque si fuera mínimamente consciente de su peculiar situación habría dimitido hace meses, como reclama sin éxito una abrumadora mayoría de fiscales y magistrados.
En la apertura del año judicial ha vuelto a demostrar que no debería seguir ni un minuto más en el cargo. "Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes", ha señalado García Ortiz en otro alarde de bajeza. ¿Pero a qué ataques y a qué delincuentes se refiere alguien que va a tener que sentarse en el banquillo para responder a la acusación de revelación de secretos? El único que ha atacado aquí a la fiscalía es Sánchez cuando le nombró en sustitución de Dolores Delgado, otra de esas perlas del sanchismo que antes de ser fiscal general fue ministra de Justicia en otro alarde contra la separación de poderes.
García Ortiz pretende parapetarse tras el colectivo de fiscales y arrastrarlos en su caída. En estas condiciones pretender entregar a los fiscales la instrucción de los sumarios es una auténtica tropelía diseñada por el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el objetivo de asaltar y destruir el Poder Judicial. No hay más que contemplar fría y serenamente el papel que ejerce el fiscal general de Sánchez para entender que no se trata precisamente de una buena idea, sino que es más bien la confirmación de los afanes totalitarios del presidente del Gobierno.