Da la impresión de que Santos Cerdán, en su afán de conservar el capitalito amasado tras años de corrupción o tal vez por no poder aflorar el que pueda tener a buen recaudo fuera de España, ha decidido ahorrar en abogados y ha escogido al más tonto de su clase. No se sabe muy bien si el escrito lo redactó Benet Salellas o Jacobo Teijelo. Pero sea quien sea, no es excusa ser en realidad el abogado del PSOE y no el de quien fuera su secretario de Organización. Represente a quien represente, la petición que le ha hecho suscribir a su cliente, amén de no augurar para él ningún beneficio, no puede ser más estúpida. El pobre reo es víctima de una maldición gitana que le ha hecho caer en las garras de los peores jurisconsultos del reino. Cualquiera del turno de oficio lo haría mil veces mejor.
Pide Cerdán al Supremo que la UCO se abstenga de investigar a aforados en la causa abierta por el caso Koldo. Según su abogado, es ilegal husmear en la vida íntima de ningún aforado sin antes pedir el suplicatorio a la cámara legislativa correspondiente. La petición está dirigida a proteger al ministro Ángel Víctor Torres. Respira Cerdán por la herida porque fue un informe de la UCO, elaborado antes del suplicatorio, el que acabó conduciéndole a la cárcel. Y quiere evitar el recluso que le pase lo mismo a Torres. Evidentemente, el ilustre picapleitos ignora que el suplicatorio se pide una vez que el tribunal investigador decide que hay pruebas suficientes para acusar al diputado. Y tales pruebas no pueden obtenerse sin una investigación, que es algo para lo que no hace falta suplicatorio alguno.
Otra cosa, completamente distinta, es que determinados aforados no pueden ser investigados por cualquier tribunal, sino que tienen que serlo por el que determine la ley según su cargo. En el caso de Cerdán y Torres corresponde al Supremo hacerlo. Cuando un juez de a pie se encuentra con hechos que delatan a un aforado, el magistrado remite lo hallado al Supremo para que éste decida. Es lo que hizo el juez Peinado con Bolaños, por ejemplo. Pero, si la causa ya está en el Supremo, como exige el que esté investigado José Luis Ábalos, no hay aforamiento que pueda paralizar dicha investigación, pues el aforado por investigar ya está gozando del privilegio que implica que las pesquisas las dirija el tribunal superior y no un juez de pueblo.
Incluso en el caso de que se creyera en el absurdo de que para investigar a un diputado es necesario pedir antes el suplicatorio, esto sería sólo algo aplicable en su día a Cerdán, pero que no puede exigirse para Ángel Luis Torres porque, por mucho que se siente en el banco azul como miembro del Gobierno que es, no es diputado de ninguna cámara legislativa. ¿A quién le iba el magistrado instructor a pedir el suplicatorio? ¿A Sánchez? Torres, como ministro, disfruta del privilegio de que sólo pueda investigarle el Tribunal Supremo, que es precisamente el que lo está haciendo. No más. Menos mal que, para defender los intereses de España, están los abogados del Estado porque, si el Gobierno contratara a estos mendrugos para que lo hicieran, aviados estábamos.