Begoña Gómez como pésimo ejemplo de transparencia

El gobierno de Sánchez -empezando por su presidente- ha apelado en innumerables ocasiones a la "transparencia" y al supuesto hecho de que Begoña Gómez no tiene "nada que ocultar" en relación a los múltiples delitos por los que está imputada. Pues bien, la esposa del presidente del Gobierno ha comparecido este miércoles por cuarta vez ante el juez Peinado -esta vez por el delito de malversación en el que incurriría en el supuesto de que hubiera utilizado a la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, en actividades profesionales privadas- y su declaración apenas ha durado diez minutos en la que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho.

Si tenemos presente que Gómez, en las dos primeras ocasiones, se acogió a su derecho a no declarar y que en la tercera citación optó también por contestar breve y únicamente a su abogado, habrá que convenir, con absoluta independencia de su derecho a la presunción de inocencia, que la esposa del presidente es un pésimo ejemplo de "transparencia" o de "no tener nada que ocultar". Más aun si tenemos también presente el hecho de que la propia Cristina Álvarez se ha acogido a su derecho a no declarar y de que esta es la hora en la que la esposa del presidente del Gobierno se sigue negando a entregar sus corres electrónicos de los últimos siete años a la UCO, tal y como le ha reclamado el juez Peinado y ella ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En cualquier caso, la esposa del presidente no ha podido evitar, a pesar de su brevísima declaración, incurrir en una clara contradicción al afirmar inicialmente que Cristina Álvarez "jamás me ayudó en actividad profesional alguna", para luego admitir que "esporádicamente" o "ocasionalmente" le pedía que enviara algún mensaje en su nombre, lo que ha justificado por la relación de "confianza" y "amistad" que tenía con ella, según fuentes conocedoras de la declaración.

A este respecto, conviene recordar que en la causa constan correos de Álvarez relacionados con las tareas profesionales de Gómez, como aquel en el que la asesora de La Moncloa pide en nombre de la esposa del presidente del gobierno a un patrocinador de la cátedra de la Universidad Complutense que modifique su decisión de no seguir aportando fondos.

El hecho de que la investigada haya indicado que el envío de mensajes de ese tipo era "ocasional", no desvirtúa el hecho de que hacer encargos profesionales privados a una funcionaria, que cobra no de sus amigos sino del contribuyente, podría ser un ilícito penal, con independencia con la frecuencia con la que se ha incurrido en él. Que haya sido "ocasionalmente" o "constantemente" debería ser relevante para graduar la pena, pero no para negar el hecho delictivo.

Lo que es evidente, con independencia de que la causa por malversación acabe o no en una condena, es que la esposa de un presidente de gobierno, investigada por otros cuatro presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, y que además de ser honrada debe parecerlo, merece un reproche político tanto por lo que justifica en nombre de la "amistad" como por su falta de transparencia a la hora de defender su cuestionada inocencia.