Corría el año 2011 cuando el actual alcalde de Estepona, José María García Urbano, llegó en su primer día en el cargo al ayuntamiento y se percató de que en la mesa de cada empleado municipal había un rollo de papel higiénico. Como es lógico, este hecho le pareció muy extraño y les preguntó a qué se debía. La respuesta le dejó helado y supuso el preludio perfecto del desafío que le aguardaba: la ruina del consistorio era tal que los trabajadores se tenían que llevar el papel de su casa para poder ir al baño.
Ciertamente, Estepona se encontraba al límite: los coches patrulla de la policía municipal no podían salir porque las gasolineras tenían orden de no atender a ningún vehículo del ayuntamiento, la empresa de basuras se negaba a prestar el servicio, la feria de la ciudad estaba en peligro porque la suministradora amenazaba con cortar la luz… Todos los proveedores se habían plantado frente a un consistorio que llevaba años sin pagar sus facturas.
Y es que en el 2011 la deuda que arrastraba el ayuntamiento de la localidad malagueña, gobernado hasta ese momento por el PSOE, era de 304 millones de euros. Teniendo en cuenta que el municipio tenía por aquel entonces unos 65.000 habitantes, implicaba que cada esteponero debía unos 4.700€ sólo en cuanto lo referido a la administración local. Los ciudadanos votaron en masa a García Urbano para que los salvara del precipicio al que el socialismo les había llevado, dándole al regidor popular una mayoría absolutísima de 17 concejales sobre 25.
Hoy, Estepona tiene 13.000 habitantes más, pero la deuda se ha reducido a cero y su flamante alcalde mantiene esos 17 concejales. ¿Cómo consiguió que una administración que ingresaba anualmente 91 millones de euros pagase tres veces esa cantidad en deuda en sólo catorce años? La respuesta es obvia y a la vez sorprendente: recortando en gasto superfluo.
De entrada, renunció a su sueldo como alcalde y al coche oficial que le correspondía, ahorrándole a los vecinos más de un millón de euros en estas tres legislaturas. El susodicho es notario y registrador de la propiedad, ocupaciones que ha compatibilizado con su labor al frente de la Alcaldía, lo cual le ha supuesto un enorme sacrificio personal.
A continuación, eliminó las 150 líneas de móviles que tenían a sus disposición los cargos públicos y el personal del ayuntamiento, ahorrando más de 180.000€ anuales. De igual forma, hizo aflorar recursos hasta de los toneles de tinta de las impresoras, ya que se pagaban de media unos 400.000€ anuales -un 600% más del precio objetivo de mercado- y Urbano lanzó una nueva licitación, consiguiendo un ahorro de 350.000€ euros cada año.
Lo cierto es que la situación de las arcas públicas municipales era de ciencia ficción y, para muestra, lo que ocurría con los vehículos municipales. Según el inventario, había 130, pero el nuevo equipo municipal sólo fue capaz de encontrar unos 100. ¿Dónde estaban los 30 que faltaban? Pues se habían quedado viejos, pero el equipo anterior no lo había hecho constar y se seguían pagando sus seguros. Ante esta situación, el alcalde ordenó renovar el inventario y que todos los vehículos públicos tuviesen la obligación de dormir en el parque móvil municipal. Casualmente, se pasó de consumir mensualmente unos 25.000 litros de combustible a unos 7.000 de media.
Se podrían citar muchos más ejemplos excéntricos, como naves industriales sin uso por las que se pagaban alquileres o un alumbrado público obsoleto que consumía un 30% de más por su no renovación, pero la madre del cordero está en los capítulos del personal del ayuntamiento y de las sociedades municipales.
La partida que se dedicaba a pagar los trabajadores municipales era del todo descabellada, pues sólo en personal se llegó a dedicar el 110% del presupuesto. Gracias al plan de ajuste realizado por el alcalde, ahora este concepto sólo consume el 40% de los ingresos del consistorio. Por otro lado, García Urbano fue liquidando paulatinamente todo el entramado de sociedades, corporaciones y empresas públicas que impedían el control efectivo del gasto y por las que sus consejeros -designados por los partidos políticos-, cobraban jugosas dietas. Hoy, no queda ni una sola de ellas y todos los servicios públicos municipales se ejecutan mediante el derecho administrativo puro, con todos los controles que establecen el interventor, el secretario y el tesorero municipal.
De hecho, la Ley de Bases de Régimen Local es muy exigente en cuanto al marco de transparencia por el que deben regirse los consistorios, con la intervención municipal como garante de la legalidad. Por eso, los ayuntamientos suelen crear sociedades y empresas municipales para eludir dicho control.
En otro orden de cosas, lo que me parece más encomiable es que se haya conseguido todo esto sin repercutir al crecimiento, ya que hoy el ayuntamiento ingresa un 33% más que cuando el actual alcalde llegó, a la par que se ha bajado un 20% el IBI municipal al no tener que dedicar parte del presupuesto al pago de la deuda.
Sin embargo, no es todo de color de rosa. García Urbano tiene abierte un frente judicial después de que una extrabajadora municipal lo denunciara por acoso sexual, causa que finalmente fue archivada. Pero durante ese proceso, la propia denunciante afirmó que cobraba sin ir a trabajar, por lo que se le ha abierto un juicio por malversación de fondos públicos. Aún así, a la vista de los antecedentes de ambas partes, me inclino a pensar que quedará en nada y sería injusto medir la trayectoria de un señor por una causa judicial de desenlace incierto después de catorce años de brillante gestión
La cuestión es, ¿por qué García Urbano es un unicornio en la política española? ¿Por qué lo normal no puede ser tener a gente con su vida resuelta que viene a servir a los demás y no a servirse a sí mismos? ¿Por qué los perfiles profesionales que han alcanzado la excelencia en sus respectivos campos nunca se abren paso en la gestión de lo público?
Quizás la anomalía no sea Estepona, sino un país que ha hecho de la mediocridad un sistema, de la incompetencia una rutina y de la negligencia una costumbre.