Torres, a falta de comisiones, pisos y prostitutas

Es cierto que, del último informe de la UCO de la Guardia Civil, que apunta a que el ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, intermedió muy activamente para acelerar el pago de mascarillas a una de las empresas de Víctor de Aldama -considerado el cerebro de la trama de corrupción que se investiga en el caso Koldo-, no se deduce, sin embargo, que el ahora ministro de Política Territorial cometiera entonces ningún ilícito penal.

Ahora bien. El hecho de que en este informe de la UCO no haya, ciertamente, "comisiones que yo haya solicitado, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refinerías que yo quisiera introducir de manera ilegal", tal y como ha afirmado Torres en velada referencia a otros casos de corrupción en el que están implicados algunos de sus compañeros de partido, no borra sus clamorosas responsabilidades políticas en este caso. Y es que Torres, como presidente de Canarias -cargo en el que estuvo desde julio de 2019 a julio de 2023- fue el máximo responsable de la adjudicación presuntamente irregular de contratos de material sanitario en aquella comunidad autónoma. Eso, sin olvidar que, mientras Torres afirmó en su día en el Senado que no había tenido ningún contacto con Víctor de Aldama, el extenso informe de la UCO lo sitúa con el comisionista y con el entonces ministro Ábalos en una cena en Madrid el 15 de julio de 2020.

Téngase en cuenta que la compra de mascarillas a la empresa "Soluciones de Gestión" por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a más de 12 millones de euros. Y la Guardia Civil sospecha que esos contratos de material sanitario "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo" que el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, "venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores".

Pero está visto que el entonces presidente de Canarias, lejos de ejercer sus responsabilidades in vigilando, lo que hizo fue ponerse al servicio de Koldo para que la empresa de Aldama no tardase más en cobrar. Y Torres lo hizo hasta el extremo de llegar a decir al presunto comisionista; "Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire".

Así las cosas, y si tenemos bien presente la olvidada distinción entre responsabilidades políticas y penales, el informe de la UCO debería ser razón más que suficiente para que Torres presentase inmediatamente su dimisión. Que el ahora ministro, sin embargo, haya sacado pecho ante el mismo -como también ha hecho la portavoz del gobierno, Pilar Alegría- es buena muestra de hasta qué punto llega su desfachatez y su capacidad de negar la realidad de lo que dice este demoledor informe policial.

Claro que, por otra parte, si tenemos presente el grado de degradación institucional que estamos alcanzando y que el máximo responsable político de la trama no es otro que el presidente de Gobierno, y no dimite a pesar de tener procesados a sus dos ex manos derechas, Ábalos y Cerdán, como también lo están por otros casos su hermano, su esposa y su fiscal general del Estado, lo sorprendente es que fuera Torres a dimitir ahora. Más aun cuando, en su caso, todo parece que no ha habido "ni mordidas, ni pisos, ni putas".