Juicios de intenciones y secreto profesional

Vivimos tiempos tóxicos. Los políticos nos mienten, los periodistas colaboran con sus relatos, los ciudadanos nos damos coartadas para seguir creyendo en lo que ya creemos y los jueces van a tener que tirar de juicios de intenciones porque los encausados borran su huella digital.

Llegados a esta estación muerta de la posverdad, me voy a marcar tres juicios de intenciones para no ser menos. Los 229 muertos de la Dana vinieron precedidos por dos mentiras, la de Carlos Mazón y la de Pedro Sánchez. Tras las primeras horas de la catástrofe, Mazón rechazó ceder las competencias autonómicas al Estado para que no se hiciera cargo su enemigo político, y Pedro Sánchez no declaró la emergencia nacional para hacerse cargo de la catástrofe, por las mismas razones que Mazón no quiso soltar las suyas: por cálculos políticos. El primero porque su capacidad de resolución quedaría en evidencia frente al gobierno del PSOE, y el segundo, porque quería enterrar en barro y muertos al PP. ¡Viva la España de las Autonomías! Ni uno ni otro priorizó la dimensión de la catástrofe como norte de sus respectivas responsabilidades políticas. El valenciano estaba más preocupado en buscar coartadas para justificar su injustificable ausencia en los momentos previos al desastre, que de la tragedia en sí; y el presidente del Gobierno de España, estaba más preocupado en cómo podría enterrar en barro a su rival político, que en salvar vidas y bienes: "Si quieren ayuda, que la pidan".

¿Esto es un hecho verificable? No. Son indicios razonables sujetos a una mirada subjetiva. Puro juicio de intenciones. Es lo que nos queda con esta pandilla de trileros. Repartan las culpas como quieran, la única verdad cruda y cruel son los 229 muertos y las pérdidas de bienes difícilmente reemplazables.

No estaríamos hablando de culpas, si se hubieran hecho las obras hidráulicas que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado en 2001 por Aznar, y revocado por Zapatero en 2004, se hubiera llevado a cabo. O si posteriormente se hubieran llevado a cabo 27 proyectos aprobados ya en 2016 por ley y con financiación europea, que frenó el gobierno de Pedro Sánchez desde el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, y el anterior gobierno valenciano de Ximo Puig. Entre esos 37 proyectos estaba el desvío del Barranco del Poyo y de la Saleta, con los que se hubiera evitado la catástrofe.

Esto no son juicios de intenciones, esto son responsabilidades criminales. En 1957 Valencia fue arrasada por el desbordamiento del Turia. Franco actuó de inmediato, sin más cálculos políticos que poner a disposición de Valencia toda la ayuda de España y de EEUU que en ese momento estaba construyendo la base naval de Rota. Y tras el desastre, desvió el rio para evitar nuevas riadas. Desde entonces Valencia está a salvo. A veces algunos demócratas dejan en buen lugar a dictadores. Es bien triste. Y no contentos, pretenden devolver el rio Turia al cauce antiguo que cruzaba Valencia. Con Joan Baldoví, responsable de Compromís, a la cabeza, junto a Unidas Podemos y el propio PSOE. También se oponen a limpiar los cauces. Dicen que para renaturalizarlos. Las palabras grandilocuentes y ecosostenibles los vuelven locos.

Más juicios de intenciones. Mal lo tiene el Tribunal Supremo. Después de las evidencias, es muy posible que solo le queden juicios de intenciones, no hechos. ¿De la mala fe del Fiscal General, García Ortiz, y de la asesora gubernamental, Pilar Sánchez Acera borrando sus dispositivos móviles, se pueden colegir indicios criminales para deshacerse de pruebas inculpatorias? Hasta la presunción de "mala fe" es un juicio de intenciones. No ayuda tampoco el acogerse a sagrado con el secreto profesional de medios y periodistas. A pesar de que resulte altamente sospechoso que el periodista de elDiario.es, José Precedo, se permita la licencia de dramatizar ante el Tribunal que podrían condenar a un inocente porque él conoce al culpable de la filtración, pero no lo puede revelar porque faltaría al secreto profesional que le asiste a él, pero, paradójicamente, condenaría a la fuente. ¿Es un enigma moral o un sucio encubrimiento?

Lo dicho, entre trileros anda el juego, y los jueces a ciegas. Por la marcha del juicio, es evidente que a los jueces le sobrarán indicios, y toda la mala fe de una banda de mafiosos, pero le faltarán pruebas. Si por ello el Fiscal General sale absuelto, que Dios coja confesado al sufrido pueblo español: Pedro Sánchez montará la obra de teatro más vomitiva que hayan visto los cielos.

Habremos de estar preparados para ello. Al Capone llegó a cometer alrededor de 300 asesinatos, pero nunca pudo ser condenado por su actividad criminal porque siempre encargaba a sus subordinados deshacerse de sus enemigos o de los propios compañeros de la banda mafiosa para mantener el orden dentro de la banda. Todo el mundo sabía, durante la Ley Seca (1920-1933), que era uno de los gánsteres más sanguinarios de Estados Unidos. Y que dirigía en Chicago una red criminal de contrabando de alcohol, prostitución, juego ilegal y extorsión, pero los Tribunales no tenían pruebas. Y las que tenían las hacían desaparecer los implicados. Con este caso podría pasar lo mismo, sobran indicios, pero faltan pruebas. Y las que hay, se eliminan.

El gobierno federal, frustrado por no poder acusarlo de crímenes violentos, se centró en sus delitos fiscales, y en 1931 fue condenado por evasión de impuestos y sentenciado a 11 años de prisión en Alcatraz. Nunca fue condenado por crímenes.

En nuestro caso, tenemos muchas causas abiertas contra nuestros delincuentes, pero ninguna aún contra nuestro "al capone y mueve todos los hilos". Habrá de ser el pueblo español, a falta de un Fiscal del Estado decente, el que lo eche de la Moncloa. Aunque mereciere una temporadita en Alcalá Meco.

P.D. Y en medio de este velatorio, aparece Junts para redefinir la extorsión. ¡Qué patético es ver, que lo peor de cada casa se de cita para sostener a un cadáver en plan carroñero. Para ver que sacan aún de su putrefacción.