La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) ha revisado sus propios cálculos y ha lanzado un dato que debería encender todas las alarmas: España cerrará 2025 con 600.000 inmigrantes más. Es un salto demográfico casi sin precedentes y, aunque la inmigración es en teoría un motor económico —más consumo, más empleo, más dinamismo—, la pregunta esencial es otra: ¿tiene España capacidad para acoger a tanta gente en tan poco tiempo sin colapsar?
La respuesta no está en la retórica política ni en el discurso identitario, sino en la realidad material que vive la ciudadanía en cuestiones fundamentales de su día a día como la vivienda, la sanidad o el transporte. Y en los tres ámbitos, los datos dibujan la misma conclusión: España está al límite.
La vivienda, el espejo roto del milagro demográfico
Durante el 2024, los precios de la vivienda subieron un 8,4%, el doble que el año anterior. Es la mayor subida en 17 años, un salto sólo comparable al de los años previos a la burbuja del 2007. En términos reales, y tal y como ilustra el Banco de España, comprar una casa hoy cuesta un 60% más que en 2015. Las matemáticas son tozudas y no entienden de ideologías: si durante un año la población se incrementa en más de medio de millón de habitantes y mientras se construyen 100.000 viviendas, el precio no parará de subir.
Los analistas explican sin rodeos que la demanda está desbordada debido a que España ha recibido un flujo de inmigrantes de una magnitud histórica al tiempo que crecen los hogares unipersonales y se mantiene el apetito inversor en vivienda. A la par que ocurre esto, lo cierto es que la oferta no reacciona debido a que faltan trabajadores en el sector, sobran trabas burocráticas y eso, unido a los altos costes de los materiales de construcción, provoca que las promociones tarden años en salir del papel.
Hay soluciones que nuestros gobernantes podrían acometer para incrementar sustancialmente el ritmo de la construcción: liberalizar el suelo, reducir la burocracia, bajarles los impuestos a las constructoras, utilizar el ICO para financiar proyectos de construcción residencial… Lo que está claro es que o construimos mucho más o se limita el número de personas que entran al país, pero mantener el status quo es arrastrar a las clases medias a la precariedad.
Una sanidad que crece… pero no avanza
También la sanidad pública se enfrenta a sus propios límites. Se forman a cada vez más profesionales sanitarios, lo cual tiene como consecuencia que en el 2024 el número de médicos colegiados se incrementara en un 2,9%. Sin embargo, debido al incremento de la población, la ratio de médicos por cada mil habitantes se mantuvo en un 6,3 —apenas una décima más que el año anterior— y eso, en un país tan envejecido que necesita cada vez a más personal asistencial, está llevando al colapso del sistema.
En atención primaria, el deterioro es evidente. El 70% de los españoles no consigue cita con su médico en el mismo día, cuando en 2019 ese porcentaje era del 46%. Hay más médicos, pero también hay más pacientes, estos tienen de media una edad mayor y eso tiene como consecuencia que haya más consultas por paciente. De hecho, el propio Ministerio de Sanidad reconoce un déficit estructural de 4.500 facultativos.
Que en todas las autonomías la sanidad esté peor a pesar de que se esté invirtiendo más dinero que nunca no obedece a la maldad de ninguna ideología, sino a que los cimientos sobre los que se construyó nuestro sistema nacional de salud se están viniendo abajo.
Al igual que ocurre con la vivienda, hay soluciones que nuestros políticos podrían acometer: mejorar las condiciones de nuestros sanitarios, evitar que perdamos talento hacia el exterior e incrementar de forma sustancial la ratio de profesionales por habitante. O hacemos eso o reducimos el número el número de inmigrantes, pero una vez más las matemáticas son tozudas y no por ignorar el problema este va a desaparecer como por arte de magia.
El transporte, de ser el orgullo a la vergüenza nacional
El tercer termómetro es el transporte, y aquí el diagnóstico es igual de inquietante. Sólo en Madrid, la red de Cercanías sufrió en 2024 más de mil incidencias, casi el triple que dos años antes. Los madrileños padecen todos los días de retrasos, cancelaciones, descarrilamientos en Atocha… escenas que se repiten mientras el Ministerio de Transportes anuncia inversiones que nunca llegan.
En un país donde la capital depende del tren para mover a cientos de miles de trabajadores, el colapso del Cercanías es una amenaza económica de primer orden. Cada retraso no es sólo un problema técnico: es una hora perdida de productividad, una oportunidad menos de conciliación o un motivo más para huir del transporte público.
La situación no mejora en los trenes de larga distancia. En 2024, uno de cada cinco AVEs o trenes internacionales llegó con retraso y casi un 2% sufrió demoras de más de una hora. De hecho, la situación en este 2025 no ha hecho nada más que agravarse: en julio, sólo el 61,3% de los trenes de larga distancia llegó con menos de cinco minutos de retraso, cuando esta cifra era de más del 95% en 2019.
La liberalización del sector, el incremento de la población y la fortaleza del turismo han tenido como consecuencia que se triplique el número de pasajeros respecto a 2021, pero si no se realizan las inversiones necesarias para adecuar la red a tal volumen corremos el riesgo de morir de éxito.
Las políticas de inmigración son un medio, no un fin en sí mismas
España está creciendo, sí. Pero no está creciendo bien: el aumento de población, lejos de traducirse en más prosperidad compartida, está desbordando los cimientos de nuestro bienestar.
El acceso a la vivienda se complica, la sanidad pública se asfixia, el transporte público se deteriora... tres síntomas distintos de un mismo mal: un Estado incapaz de planificar a cuánta gente podemos acoger y qué inversiones se van a realizar para adaptar el tamaño de nuestras instituciones a dicho crecimiento.
El discurso oficial celebra las cifras de inmigración como si bastaran para sostener las pensiones y el crecimiento económico. Pero el verdadero desafío no es cuánta gente llega, sino qué país encuentran cuando aterrizan. Si los recién llegados se topan con un sistema tensionado, con alquileres imposibles, con listas de espera eternas y con trenes que no funcionan, el resultado no será la integración, sino la frustración.
Urge abordar las políticas de inmigración de una forma racional, sensata y con la vista en el largo plazo. En mi opinión, el país debe establecer un sistema de puntos parecido al canadiense en donde se detecten qué debilidades hay en nuestra fuerza laboral y se prioricen a los inmigrantes que acrediten disponer de formación o experiencia laboral que pueda suplir esas carencias. Asimismo, considero que hay que priorizar la inmigración proveniente de países con los que compartimos fuertes lazos culturales y cuya integración es más sencilla, como es el caso de Hispanoamérica.
España necesita inmigración, pero de una forma controlada y con infraestructuras, vivienda y servicios a su altura. No se trata de cerrar las fronteras, sino de abrir los ojos.