¿Cuál es el modelo judicial del engendro Sánchestein?

Ya sé que soy lego en esta materia, como en tantas otras y como tantos otros, como todos en una y otra disciplina, según. Pero no me resigno a no pensar sobre algo, sea o no adecuado, tanto el asunto como mi persona. Llevamos ya tiempo acercándonos al precipicio de la inconvivencia. Estamos dilapidando el caudal de tolerancia y sentido de la Nación con que se fraguó la Transición, con todos sus defectos y zonas de penumbra. Por eso conviene detenerse un momento.

La condena del Fiscal General del Estado por la sala correspondiente del Tribunal Supremo, por cinco votos a dos, constituye un escándalo extraordinario. Es la primera vez en nuestra historia que un Fiscal General es condenado por la comisión de un delito tipificado en el Código Penal que él mismo tenía que amparar. En Europa ni en Estados Unidos ha habido condena alguna de ese nivel que se sepa.

La reacción de las izquierdas y los separatistas en el gobierno y del propio gobierno ha sido unánime en cuanto al fondo de la cuestión. Los cinco miembros del Tribunal Supremo que han decidido condenar han prevaricado, han tomado una decisión ilegal a sabiendas, o sea que han cometido un delito. De otro modo dicho, no es el Fiscal General el que cometido un delito sino los jueces que le han condenado.

El gobierno, poder ejecutivo que domina el legislativo, ya anunció la inocencia del Fiscal antes de ser conocido el fallo del Tribunal. O sea, juzgó. Luego, percatándose de la usurpación de funciones que había perpetrado sobre el Poder Judicial, dijo no compartir al sentencia – sentencia que aún no conocemos -, y considera que la condena se ha consumado sin existir pruebas fehacientes de la culpabilidad del Fiscal.

El PSOE, en boca de sus máximos representantes, ha hecho lo mismo, insinuando incluso la puesta en marcha de un golpe de Estado "blando" dirigido al Ministerio Fiscal que, como todos sabemos, es dirigido desde el Gobierno, que es quien elige al Fiscal General, que depende, y de qué modo explícito, del presidente del Gobierno, como Pedro Sánchez recalcó en entrevista reproducida millones de veces.

Lo de sus socios de Gobierno aún es peor. Yolanda Díaz, la lideresa de Sumar, ha acusado al Tribunal Supremo de tratar de "tapar" los delitos de la pareja de Isabel Díaz y en un acto público ha llamado a la izquierda a "salir" a la calle frente a los "togados reaccionarios" que han impulsado esta condena. Lo mismo ha hecho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Es más, Díaz, que es vicepresidenta de un gobierno constitucional, ha llegado a decir que "hay sectores del poder económico, de los medios de comunicación, de la política, pero también hay una parte del Poder Judicial, concentrados desde el 23-J para hacer caer al mejor Gobierno progresista que tenemos en España, que es una referencia en el mundo". O sea, que hay una conspiración de la que el fallo anunciado no es más que un hito, un eslabón, una fase.

Ione Belarra y José Antonio Maíllo han calificado el fallo del Tribunal como un "golpe de Estado", una "condena sin pruebas", un "asesinato civil" del Fiscal General. Los separatistas asociados al gobierno han hablado de "una guerra contra unas ideas y contra unos partidos" y animan al Gobierno a actuar: "Otra cosa que se puede hacer, aparte de quejarse, es cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial", ha expuesto Gabriel Rufián, el que juzgó y condenó a Mazón sin escucharle siquiera. Y todo esto sin conocer siquiera la sentencia.

Podríamos seguir, pero es mejor preguntarse a dónde se quiere llegar con todo esto. El Frente Popular de 1936, antecedente de este nuevo Frente social-comunista-separatista, optó por un modelo judicial muy concreto que paso a resumir. En él, no sólo el Fiscal General sino todo el Ministerio Público e incluso los tribunales eran designados a instancias de los partidos que formaban el gobierno.

Entre ellos, los tribunales populares estaban formados por tres magistrados profesionales, de carrera y un jurado popular formado por 14 miembros, 7 titulares y 7 suplentes. Los magistrados eran nombrados a propuesta del Ministerio de Justicia, que formaba naturalmente parte del gobierno. Esto es, el poder Ejecutivo y el Poder Judicial actuaban como si fueran uno y el mismo.

Para presidir un Tribunal o magistrado de apoyo, había que ser juez de carrera y tener la confianza de la República, esto es, del Gobierno. Pero lo más importante es que debía limitar su sentencia a que decidiera el Jurado Popular.

¿Y qué era y cómo se elegía el Jurado Popular? Sus 14 miembros, titulares y suplentes, se elegían de entre las listas que elaboraban las organizaciones políticas y sindicales que componían el Frente Popular: UGT, CNT, PSOE, PCE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Juventudes Socialistas y otros. De entre los nombres que formaban parte de las listas propuestas por las organizaciones mencionadas, se sorteaban los puestos de titulares y suplentes.

A lo mejor es esto lo que se quiere regurgitar, actualizado, claro, con Bildu, Podemos y los que hagan falta en los nuevos tribunales y jurados, desde el Constitucional a las más humildes instancias. Un paraíso de neutralidad