Peramato y el prestigio perdido de la Fiscalía

Es cierto que Teresa Peramato Martin ha sido designada nueva fiscal general del Estado por el mismo Gobierno sectario que arremete contra todo juez o tribunal que ose someter la actuación del Ejecutivo o de sus allegados al mismo imperio de la Ley que hemos de observar el resto de los ciudadanos. Es cierto que Peramato, aupada en su día por Delgado y García Ortiz, es una fiscal considerada "feminista y progresista" que pertenece desde hace muchos años a la minoritaria e izquierdista Unión Progresista de Fiscales, asociación de la que llegó a ser presidenta; tan cierto como que la nueva fiscal general del Estado llegó a pronunciase en su día a favor de ese engendro jurídico de tan infausta memoria conocido como "Ley del solo sí es sí". En este sentido, no podemos sustraernos a aquella sabia frase, atribuida a Einstein, según la cual "es locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes"; tampoco nos podemos sustraer a la temible experiencia que dicta que Sánchez no cambia si no es para peor o a la convicción de que este nihilista presidente del gobierno no tiene más programa político que un manual de resistencia que le lleva a aferrase al poder a cualquier precio.

Ahora bien: El sentido de la independencia y de la probidad profesional no los borra necesariamente ni lo determina inexorablemente la adscripción a un determinado colectivo o el hecho de haber incurrido en el pasado en un determinado acierto o error de valoración. En este sentido, Peramato también es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y cierto prestigio profesional, reconocido entre fiscales de otras asociaciones. Y, desde luego, tendría que envilecerse mucho para, no ya superar, sino tan sólo igualar el grado de sometimiento al Ejecutivo que han llevado a gala algunos funestos antecesores suyos en el cargo como Conde Pumpido, Dolores Delgado o el recientemente condenado Álvaro García Ortiz, a quien Pedro Sánchez ya confía en que el Constitucional le otorgue la impunidad como hizo con los también condenados en el Supremo Chaves y Griñán.

Sin querer incurrir, pues, en candidez pero tampoco queriendo prejuzgar a quien tiene encomendada la promoción de la acción de la justicia "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social", ojala la acción de Peramato como nueva fiscal general del Estado, cuyo informe -no vinculante- de idoneidad para el cargo será emitido por el CGPJ en los próximos días, sirva para recuperar el prestigio del Ministerio Público que han dejado por los suelos sus antecesores la ex ministra socialista Delgado y García Ortiz, primer fiscal general de Estado juzgado y condenado por un ilícito penal en la historia de Europa.

Para lo que no hay, sin embargo, que esperar es para denunciar la repugnante campaña de hostigamiento que la izquierda en general y el gobierno muy en particular están llevando contra los tribunales, incluido el llamamiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz en pro de una movilización "en defensa de la democracia" como si nuestra democracia y nuestro Estado de derecho no las hubiera socavado García Ortiz con su ilegal revelación de secretos sino los jueces que lo han condenado. Confiemos en que a eso nunca se preste Teresa Peramato por mucho que haya sido designada por el mismo gobierno que nombró a García Ortiz como fiscal general.