Pedro Sánchez bracea a la desesperada para evitar la caída estrepitosa de su Gobierno, con la facción ultra del Ejecutivo abiertamente en contra de sus últimas medidas y la desaparición de la mayoría parlamentaria que le llevó a La Moncloa. Su única posibilidad para mantener el poder es reconducir los acuerdos de la coalición con Sumar y, sobre todo, alcanzar el perdón de Carles Puigdemont, un delincuente fugado de la Justicia, que le permita contar con los siete diputados de su partido.
Las urgencias del sanchismo llevan a sus representantes más conspicuos a protagonizar espectáculos tan lamentables como el que se vivió en el Congreso de los Diputados en el aniversario de la aprobación de nuestra Carta Magna. Sánchez aprovechó el acto en las Cortes para acusar al principal partido de la oposición de ser "heredero del franquismo" y a Vox de tratar de volver a tiempos dictatoriales. El presidente utilizó de esta manera un acto institucional para tratar de deslegitimar a la mayoría de españoles que rechazan su corrupción, sus abusos de poder y su humillación permanente ante delincuentes del tres al cuarto.
En una acción nauseabunda perfectamente coordinada, Sánchez contó con la participación de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y segunda autoridad del Estado, convertida para la ocasión en otra esbirra del sanchismo. "En nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades", dijo Armengol, que apostó por adaptar nuestra Carta Magna "a la diversa realidad territorial de nuestro país"; una clara referencia a los partidos separatistas, a los que Sánchez suplica su perdón para poder mantener a flote la legislatura más precaria de nuestra historia democrática.
No es la primera vez que Sánchez utiliza un acto institucional para atacar a la oposición, una actitud indecente que solo se da en los regímenes totalitarios. Pero esta vez fue más allá, al declarar fuera de la democracia a los que no le votan a él y a sus socios, apuntalando así el muro social y político que se comprometió a levantar en su discurso de investidura con el resultado que estamos viendo.
Sin embargo, ni la democracia es Pedro Sánchez ni la Constitución es el sanchismo. Todo lo contrario; la banda que ocupa el Gobierno de España es el principal problema de nuestro régimen de libertades, con actitudes cada vez más peligrosas cuanto mayor es su debilidad política.
Acierta Alberto Núñez Feijóo al destacar esta anomalía política, inédita en cualquier democracia asentada, que pretende dejar fuera de la legalidad a los que no comulgan con la ideología de la izquierda más ultra de todo el continente europeo. Una izquierda vendida a unos partidos que buscan, precisamente, destruir la Constitución, como ya ha empezado a hacer el sanchismo por la vía de los hechos.