La publicación por el diario El País de un audio del gerente del Hospital de Torrejón, en el que se sugerían ciertas prácticas irregulares en la gestión del centro, disparó todas las alarmas en los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid. En dicha grabación, cuyo contenido íntegro no ha sido publicado, el directivo de la empresa concesionaria se habría referido a manipulación de las listas de espera para maximizar beneficios, una práctica que incumpliría los protocolos a los que están obligados los centros hospitalarios de gestión concertada. Tras la publicación de ese audio, han aparecido nuevas acusaciones de mala praxis relacionadas con la utilización de material destinado a un solo uso, que habría sido denunciado en los canales internos por el personal sanitario.
Ante estas acusaciones, la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha realizado una auditoría extensa en el hospital objeto de las denuncias, comprobando que tanto la gestión de las listas de espera como los protocolos de utilización del material se ajustan a la práctica habitual hospitalaria y cumplen con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones del contrato de concesión. Los inspectores de la sanidad madrileña analizaron directamente las listas de espera de las distintas especialidades y revisaron personalmente los registros de la central de esterilización, "sin que exista constancia" de procesos aplicados a material desechable de un solo uso. Igualmente examinaron el material almacenado, confirmando que los catéteres disponibles "cuentan con marcado CE y proceden de fabricantes" y realizaron una inspección de residuos y zonas de almacenamiento, acreditando que no existe material de un solo uso previamente utilizado fuera de los contenedores destinados a su eliminación.
El resultado de esta investigación de urgencia debe tranquilizar a la población madrileña que utiliza los servicios del Hospital de Torrejón, un centro sanitario de primer orden a nivel nacional como demuestran los datos oficiales y, sobre todo, la valoración de los usuarios de este centro, convertido en el objetivo de una sucia campaña de la izquierda, otra más, para tratar de dañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El propio Pedro Sánchez ha entrado de hoz y coz en esta operación, a la que dedicó varios minutos el pasado viernes con motivo de los actos del Día de la Constitución. En su intervención, Sánchez llegó a amenazar con impedir a las comunidades autónomas del Partido Popular lo que él llama "la privatización de la sanidad pública", un mensaje irresponsable que busca únicamente atemorizar a los usuarios de la sanidad madrileña, la mejor gestionada de España según todos los indicadores de calidad.
Más zafia aún ha sido la participación en este montaje de Mónica García, la penosa ministra de Sanidad a la que los médicos de toda España le hacen hoy una huelga, contrarios a su proyecto de reforma del Estatuto facultativo, que ahora amenaza ridículamente con derogar la ley que permite la colaboración público-privada en materia sanitaria, un modelo de éxito utilizado en todos los países de la UE.
No puede sorprender a nadie que la izquierda haya arremetido contra la Comunidad de Madrid y, muy especialmente, su presidenta, a cuenta de una grabación sesgada y una denuncia anónima cuya falsedad ha quedado demostrada de manera fehaciente. Pero es que a los socialistas y los ultras que les acompañan no les importan los enfermos de Madrid, salvo para utilizarlos como carne de cañón y tratar de ganar unos votos que los madrileños les niegan una y otra vez en las urnas.
Este tipo de acciones, por la gravedad que comportan y el carácter sensible de la población contra la que van dirigidas, no pueden quedar impunes. La Comunidad de Madrid debe, por tanto, interponer las correspondientes denuncias judiciales, al margen de lo que haga la compañía concesionaria del hospital en cuestión. Los profesionales de la sanidad madrileña, que desempeñan su labor con los más altos estándares de profesionalidad, y la población usuaria a la que tratan de atemorizar con denuncias falsas, merecen sobradamente que se les defienda en los tribunales y se castigue a los que han participado en esta sucia operación.