El pasado 21 de diciembre el 60% de los extremeños votó a Vox o al Partido Popular. Un apoyo abrumador a la derecha en una comunidad que ha estado en manos del PSOE en 39 de sus 45 años de instituciones autonómicas y en la que, hasta no hace tanto, era la izquierda la que superaba con holgura porcentajes de voto por encima del 55%.
En esas mismas elecciones el PSOE se derrumbó de una forma estrepitosa y, además, a día de hoy es impensable contar con ese partido para cualquier proyecto democrático. Es decir, que los extremeños dejaron un mensaje muy claro con su voto: quieren que la derecha gobierne, no que lo haga en solitario el PP, al que no han dado una mayoría absoluta, sino la derecha: ese bloque de dos partidos que tiene una mayoría pluscuamperfecta en la Asamblea de Extremadura.
Una mayoría que ya existe en varias regiones y que lo más probable es que se repita en algunas otras que tendrán elecciones durante este 2026. Una mayoría que, al menos según todos los sondeos que se manejan por ahora, será también la que surja de las urnas a nivel nacional, cuando Pedro Sánchez tenga a bien convocar esos comicios que la mayor parte de los españoles demanda y ansía.
La oferta que según se ha podido saber este jueves la va a hacer el PP de Extremadura a Vox muestra algo que hasta ahora no parecía ni mucho menos evidente: que los populares han entendido que esta es la situación política real de España y que, por mucho que les gustase gobernar en solitario, no podrán hacerlo en la mayor parte de las regiones y, probablemente, tampoco a nivel nacional. Los de María Guardiola –y con ellos el partido a nivel nacional– exhiben un realismo político del que hay que congratularse, dadas las circunstancias y los complejos con los que ha actuado tantas veces el PP.
La alegría sería completa si Vox hiciera lo propio, entendiera que el electorado está pidiéndole que asuma responsabilidades y no sólo entrase en el gobierno extremeño, sino que hiciese lo propio en los demás casos en los que las urnas les digan a ambos partidos que tienen la obligación de entenderse.
Es probable que los de Abascal tengan la tentación de mantenerse al margen, como han hecho desde que en julio de 2024 decidieron salir de los ejecutivos autonómicos de los que formaban parte. Aparentemente ha sido una decisión rentable para ellos, pero sería un error seguir en ese juego maximalista de oponerse a todo. En primer lugar porque un partido se crea para aplicar políticas, y para ello hay que llegar a las instituciones y los gobiernos; si Vox sigue renunciando indefinidamente a asumir responsabilidades, cabrá preguntarse cuál es la función del partido; si su objetivo no es gobernar, hasta sus más acérrimos seguidores acabarán pensando que sus votos no están sirviendo de mucho y surgirán dudas sobre las verdaderas intenciones de los líderes de Vox.
Y en segundo lugar y mucho más importante: porque eso es lo que demanda el momento tan complejo que vive España, devastada institucional y moralmente por un sanchismo que está tratando de convertirse en un régimen y en cuya agenda no está, precisamente, la salvaguarda de la democracia ni de la nación. Vox es un partido que ha nacido y crecido diciendo que ellos no son como las formaciones políticas tradicionales y presumiendo de tener menos intereses partidistas y mayor espíritu patriótico y de sacrificio. Esta que vive España es, sin duda, la hora de demostrarlo.
Por supuesto, esto no quiere decir que los de Abascal deban aceptar sin más cualquier propuesta que les llegue de los populares; para eso están los procesos de negociación y ambas formaciones deben mantenerlas dentro de los términos razonables que sus electorados esperan y, a ser posible, sin los aspavientos de otras ocasiones.
Que dos partidos de orientación política similar y que comparten los valores fundamentales se entiendan y formen gobiernos juntos es lo normal en cualquier democracia liberal. Es el momento de que, sin gestos grandilocuentes ni alaracas, también lo sea en España