Adamuz, dimisión de Óscar Puente y moción de censura

Hace mucho años, Andalucía vivió otra tragedia ferroviaria. Fue en la divisoria de Cádiz y Sevilla, en las vías que unían las localidades de El Cuervo y Lebrija. Eran otros tiempos y otros trenes. Un ferrobús y un tren expreso chocaron de frente a 90 kilómetros por hora, pero fue terrible. 86 muertos y 150 heridos. Muchas personas de Jerez y alrededores sevillanos se desplazaron al lugar de la catástrofe para ayudar en lo que se pudiera. Corría el año 1972. No todo el mundo es bueno, pero hay mucha gente, quizá una mayoría, que no es mala.

Que entre los españoles hay más que muchas personas de bien lo demostró ayer la población de Adamuz, ese pueblo aceitunero cordobés de raíces cervantinas sobre cuyo mesón se explayó Azorín. La localidad ha vivido tribulaciones propias desde tiempos lejanos a la Guerra Civil, e incluso recientemente, pero en estos días ha demostrado que cultiva en su seno una generosidad natural y una disposición para el servicio público y al público que nos ha reavivado el sentimiento de que no todo está perdido en esta España sin rumbo.

Lo ocurrido en Adamuz pertenece a la nueva era del tren, la de la alta velocidad. La España de 1992, todavía socialista, presumió, con razón, de haberse incorporado a la era de la globalización acelerada que simbolizaba el AVE, primando, por una vez, a Andalucía a pesar de las presiones del nacionalismo catalán. Pero ayer, bajo un gobierno socialista de Pedro Sánchez y el ministerio de Óscar Puente, se ha dado un golpe bajo al prestigio del ferrocarril de altas prestaciones en España. Y eso debe tener consecuencias inmediatas.

Imaginar siquiera qué coste humano podría suponer un choque frontal de dos convoyes de alta velocidad a 300 kilómetros por hora es horroroso. No ha sido tal que así, aunque el parecido haya sido intenso. No fue tan alta la velocidad y la colisión sólo resultó frontal para uno de los trenes, pero son por ahora más de 40 muertos y aumentando rápidamente, otros tantos desaparecidos, y más de 150 heridos.

Ahora que las víctimas no pueden endosarse a nadie salvo a la mala gestión propia, los labiadistas a sueldo del PSOE, de la izquierda promadurista y los separatistas, no paran de transmitir que ha sido un accidente y que, de un accidente, nadie es responsable. Hicieron lo contrario cuando no siendo un accidente sino un atentado terrorista, culparon al gobierno del PP, como han hecho luego con la DANA valenciana donde sus actuaciones siguen impunes. Pero, como no hay donde esconderse en Adamuz, todo un gobierno ha quedado sin plumas y cacareando. Por eso, la murga del accidente sin responsables.

Por eso, no hay que darle más vueltas. El ministro Óscar Puente es el responsable político de lo ocurrido, aunque no sea el culpable material, que ya se verá quién lo ha sido y cómo, y la oposición, y lo que quede de vergüenza en este gobierno y su partido, deben aunar las fuerzas para que vea la luz, por fin, una moción de censura orientada expresamente a la convocatoria de elecciones generales en el menor tiempo posible. La España democrática tiene que ser capaz de quitarse de encima a estos piratas de una manera legítima y legal.

Razones hay a espuertas. La gota, o mejor chorro, que colma el vaso es saber que las largas manos de Koldo García y sus impulsores del PSOE habían llegado hasta las contratas que el Estado ha realizado para efectuar las reparaciones en el tramo de vías en que ha tenido lugar el accidente. Es que sólo pensarlo resulta insoportable para un ente moral mínimamente democrático.

Ven que tres titulares publicados ayer mismo: "La UCO investiga contratos de ADIF con una de las empresas que renovó la vía de Adamuz"; "Una constructora que renovó el tramo pagó a Koldo García para lograr contratos" y "ADIF ha tenido cinco meses vacante el cargo responsable de la seguridad en las vías del accidente". Sumen otros dos: "Rabia en las familias por la lentitud para rescatar los cuerpos atrapados bajo los vagones de Adamuz" o "España invierte un tercio de lo que dedican Francia o Italia al mantenimiento de la red ferroviaria".

Pero además es que este ministro lleva años cargándose el prestigio nacional e internacional de la red de ferrocarriles y sus compromisos con los usuarios. Desde la llegada al poder de este gobierno, primero con José Luis Ábalos al frente (al que los ferrocarriles ya suponemos lo que le importaban) y luego con sus sucesores. ¿Quién va a fiarse de España en la construcción y mantenimiento de redes de alta velocidad?

Desde que Puente es ministro, hasta la IA está de acuerdo en que "la cantidad y visibilidad de problemas ferroviarios han aumentado" (descarrilamientos, más de 120 desde 2018, algunos graves) interrupciones masivas, fallos técnicos y presiones por material viejo y obras). Por si fuera poco, los retrasos y las cancelaciones de viajes también han empeorado. Por si fuera poco, este ministro quiere secuestrar la investigación de lo ocurrido y ponerla bajo su mando único y el del gobierno, en lugar de aceptar una indagación independiente y profesional.

Habrá más razones para exigir la dimisión de este señor, pero no puede seguir siendo ministro un tipo que ha llegado a afirmar en plena comparecencia en el Senado que el tren en España "vive el mejor momento de su historia". Y se atrevió a repetirlo acusando a la oposición de tratar de inducir a la creencia de que con Franco los trenes iban mejor. Es que ya no hay palabras para tanta caradura.

Si a ello le unimos sus hábitos descarados y provocadores en las redes sociales y el daño que su gestión y sus comportamiento van a causar al propio PSOE, en pleno derrumbe electoral, no es comprensible que, incluso desde dentro del socialismo, incluso del sanchista, no se eleven gritos por doquier pidiendo la dimisión de este sujeto. Tras lo de Adamuz, es algo que ya clama al cielo; su dimisión y una investigación técnica y/o parlamentaria sobre qué ha pasado.

Como clama al cielo que, con la que ha caído desde la pandemia, con los más de 11.200 enchufados por Sánchez, su ascenso vía saunas puticluberas, corrupción de allegados y familiares, ejercicio ilegítimo del poder – ahí están el Sahara, Venezuela, Cuba, Colombia, China, Hamás -, el no consultar al Congreso decisiones trascendentales, su abuso del decreto-ley, la ausencia de presupuestos, sus cesiones al separatismo y tantas otras conductas antidemocráticas, sigamos sin ejercer la moción de censura contra este abuso institucionalizado del poder de un gobierno.

Tras lo de Adamuz, no debe pasar ni un día más. No se trata siquiera de ganar. Se trata de mostrar y demostrar en manos de quiénes ha caído España.