El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
Esta frase no es una opinión, ni una boutade de este editorialista o una crítica de la oposición: es el apartado 3 del artículo 134 de la Constitución Española que, como ven, resulta tan meridianamente claro que ni siquiera una de las falaces interpretaciones constitucionales de Cándido Conde-Pumpido puede cambiar lo que está, como suele decirse, negro sobre blanco: el Gobierno tiene la obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado y, además, hacerlo tres meses antes de que venzan los anteriores, es decir, antes del mes de octubre.
Estamos a 19 de marzo y, después de muchas veces de prometer lo contrario, Sánchez y su desastrosa ministra de Hacienda han reconocido ya que, al menos por ahora, nada de nada: no hay presupuestos… ni probablemente los habrá.
Casi medio año de retraso que se suma a que no hubo proyecto de presupuestos para 2025 y tampoco para 2024. Es decir, tres años incumpliendo flagrantemente la Constitución y, encima, tomándole el pelo a los ciudadanos con un rosario eterno de promesas que en ningún momento tenían verdadera intención de cumplir. Y para colmo, ahora culpan del retraso... ¡a la guerra de Irán! Esa es la falta de vergüenza del Gobierno de España.
La cuestión tiene varias caras que merecen analizarse, para empezar constatar que tenemos un Ejecutivo que se aferra a Moncloa con uñas y dientes, pero no puede gobernar. Hasta ahora los partidos y las personas buscaban el poder como medio para conseguir determinados logros o llevar a cabo determinadas transformaciones sociales, con Sánchez cualquier medida, idea, ley, debate o institución son un medio para lograr una semana más en el poder. Es una perversión de la democracia mucho más grave de lo que parece.
Por otro lado, está el fraude democrático que supone que el presidente de un país cuyo sistema es parlamentario y que ha sido elegido por el Parlamento siga siéndolo cuando no está respaldado por la mayoría del Congreso. Y tampoco de las urnas: las encuestas y el resultado de todas las elecciones que se han celebrado en los últimos años lo dejan bien claro.
Sin embargo, lo peor de todo es comprobar, también a cuenta de esto, cómo Pedro Sánchez ha supuesto una degradación ya no de la política, sino de la vida pública española y del periodismo. Los Presupuestos son la ley más importante de cada año, prorrogarlos en alguna ocasión es un ejercicio discutible, pero lícito, recurrir a esa prórroga durante tres años seguidos y, además, incumpliendo la obligación de presentarlos es una práctica inaceptable ante la cual la sociedad y los medios de comunicación deberían rebelarse. Sin embargo, narcotizada por la catarata de escándalos la primera y sectarios hasta la médula los segundos –además de regados con dinero público– Sánchez y los suyos siguen teniendo carta blanca para saltarse la ley, incumplir la Constitución, mentir sin parar y, además, reírse de los contribuyentes.