Un juicio que debería hacer caer a todo un gobierno

Este martes ha arrancado en el Tribunal Supremo la vista oral donde se encuentran acusados el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo Garcia y el empresario Victor de Aldama por integrar una organización delictiva que operó desde el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez para cobrar comisiones a cambio de favorecer la adjudicación de contratos de compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19 a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada al empresario Aldama, la contratación irregular en empresas públicas de dos "prostitutas" o "amantes" de Ábalos y el alquiler por parte de Aldama y sus socios de varios inmuebles para pagar los favores del ex ministro.

Aunque el Supremo tenga previsto citar hasta 80 testigos y celebrar unas trece sesiones, esta primera sesión, en la que han declarado, entre otros, Víctor Ábalos -hijo mayor del exministro- , la ex amante de Ábalos, Jésica Rodríguez, y Joseba García, hermano de Koldo, ya ha dado muestra del nivel de corrupción que se daba en el seno del gobierno sin que el presidente del gobierno -presuntamente- no se enterara de nada.

El hecho de que la ex amante del ex ministro haya admitido que fue colocada por indicación de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, dependientes del Ministerio de Transportes, y en las que cobró sin trabajar; y, sobre todo, el hecho de que Virginia Barbancho, la encargada de esta última empresa pública de supervisar en 2021 el trabajo de Jéssica, haya destacado que cuando se dio cuenta de que la "sobrina" del exministro no fichaba, sus superiores la ordenaron que "la dejara en paz", da buena muestra de hasta qué punto estaba institucionalizada esta corrupción. Otro tanto se puede decir de las recogidas de dinero en efectivo por parte del hermano de Koldo en Ferraz que no viene sino a implicar al PSOE como partido y a avalar las investigaciones que, a este respecto, se están llevado a cabo en la Audiencia Nacional a cargo del magistrado Ismael Moreno.

Aunque esta primera sesión oral en el Supremo ya ha dejado muy alto el listón, ya veremos a qué grado de corrupción nos lleva las siguientes sesiones. Lo que ya está clara es la responsabilidad, cuanto menos in vigilando e in eligendo del presidente del gobierno que debería hace tiempo haber presentado su dimisión, ya fuese por no enterarse de la gravedad de lo que sucedía en el seno de su gobierno y de su partido, ya fuese por consentirlo durante tanto tiempo.