El nuestro. Formalmente pasa por ser una democracia parlamentaria, pero eso no dice mucho. También se habla de Estado de las Autonomías, un sintagma que parece bastante contradictorio, como en su día fue lo de democracia orgánica. Tampoco es muy feliz la expresión federalismo asimétrico, al que parece que nos dirigimos.
No, el régimen que disfrutamos o padecemos los españoles es otra cosa. Se asienta sobre una sencilla fórmula (ahora dicen "algoritmo"), que consiste en un continuo trasiego de dinero de los contribuyentes al Fisco y de los múltiples organismos públicos a todo tipo de colectivos. Se dirá que esa es la fórmula universal de las dos corrientes de impuestos, por un lado, y de gastos públicos, por otro. Pero en España ambos caudales dinerarios se amplían y se diversifican continuamente. Todos los Gobiernos de la etapa democrática han aumentado los impuestos y, en consecuencia, el chorro de ayudas, subvenciones, subsidios a los más diversos grupos, muchos de ellos literalmente de presión.
Cualquier grupo que se precie lo primero que hace es constituirse en colectivo para ser objeto de ayudas extraordinarias por parte del Estado benefactor. Los estudiantes universitarios pugnan por alcanzar el estatuto de becarios sin la contrapartida de mayores exigencias académicas. Las mujeres se esfuerzan por alojarse en las muchas categorías del feminismo para recibir todo tipo de subsidios y prestaciones públicas. Son las mujeres maltratadas, las de los hogares monoparentales (los de Unidas Podemos dicen "monomarentales"), las prostitutas (ahora dicen "trabajadoras sexuales"), las paradas, los inmigrantes ilegales, etc. Los empresarios más listos (ahora dicen "emprendedores") se aprestan a obtener subvenciones públicas para sus iniciativas. El mismo camino lo siguen los científicos, los agricultores, los artistas, los alcaldes que se sienten afectados por algún desastre natural, los desempleados jóvenes o los talluditos, los desahuciados de sus viviendas, los que están por debajo del misterioso umbral de la pobreza, los compradores de coches eléctricos, los organizadores de todo tipo de festejos, los cantantes y cineastas (disfrazados de intelectuales). De forma más institucionalizada, a la lista de mendicantes se suman los partidos políticos, los sindicatos, las patronales, la Iglesia católica, las televisiones públicas, las llamadas organizaciones no gubernamentales, etc. Todos aspiran a recibir su cuota del maná de las subvenciones estatales. Por eso no se quejan de los altos impuestos.
En la cola de pedigüeños se sitúan también muchas empresas de forma indirecta o taimada. Por ejemplo, en España no desciende el precio de la electricidad (como debería hacerlo) porque el Estado subvenciona la producción de las llamadas energías limpias, que son las más caras. Es cierto que, si una empresa quiebra, el Estado se desentiende, como es natural. Pero si la empresa es un banco o una caja de ahorros, ahí está el Estado para otorgar un inmenso crédito extraordinario, que se devuelve o no se devuelve. La operación se llama rescate, que suena muy bien.
Toda esta fluida corriente de dinero que va desde el Fisco a los particulares se canaliza muchas veces a través de empresas públicas, fundaciones y otras entidades dependientes de las comunidades autónomas (regiones). Es lógico pensar que, con tanto dinero público por medio, se acaben dando casos de corrupción, comisiones bajo cuerda, favores interesados. Es un aspecto que puede llegar a rozar el Código Penal, pero es parte ínsita de nuestro régimen político.
Ahora lo que nos preocupa es la composición del nuevo Gobierno. Pero un cambio de Gobierno no será realmente tal mientras no altere sustancialmente el esquema del tráfago de dinero público que digo. Supongamos que algún partido político (Vox, por ejemplo) intentara esa transformación radical, cortando muchas subvenciones interesadas. Pronto sería ninguneado por los poderes del Establecimiento. Tales defensores son también parte principal del régimen, de un régimen que no tiene nombre.