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El comité de sedición

Haría bien el Gobierno español en dejar de silbar y mirar para otro lado y exigir el cumplimiento de la legalidad.

Carina Mejías
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Hasta ocho veces se ha pronunciado ya el Parlamento de Cataluña sobre el derecho a la autodeterminación. Ayer lo volvió a hacer, pero esta vez con diferencias reseñables.

El texto aprobado, como guión de ciencia ficción es malo, en términos jurídicos es ilegal y políticamente un teatro.

Los partidos separatistas han utilizado el Parlamento de Cataluña una vez más como caja de resonancia de sus grandilocuentes declaraciones políticas, que la realidad o la legalidad se encarga de enmudecer.

Solemnidad, palco y aplausos a un acto cuya pretensión era la sedición. En palabras de la compañía de coristas callejeros, la Asamblea Nacional de Cataluña, "un acto solemne para provocar una fractura constitucional radical".

Lo cierto es que con la lectura del artículo de la Constitución que afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, el debate se debería dar por zanjado.

Pero el separatismo es victimista, insaciable, perseverante, y no pierde ocasión para crear situaciones de conflicto y enfrentamiento sin atender a legalidades y constituciones, ni importarle cuáles sean las consecuencias de su comité de sedición, que en esta ocasión no han sido menores.

El objetivo era hacer visible un "sujeto de soberanía catalán" contrapuesto a España, dotarlo de legitimidad democrática con el voto de una amplia mayoría –que finalmente se ha quedado en sólo 85 diputados– y usarlo para enfrentarlo a España y justificar que los políticos separatistas repartidos en embajadas y organismos busquen complicidades internacionales con las que seguir erosionando y debilitando la imagen de España, en unos términos de deslealtad tan indignos como reprobables, y que el Gobierno español debería evitar, en lugar de mirar hacia otro lado.

Ha habido consecuencias no sólo en términos políticos, también en el ámbito interno.

En los días previos al debate, la coalición nacionalista conformada por Convergència Democràtica y Unió Democràtica ha protagonizado públicamente una trifulca que les ha llevado al borde de la ruptura, hasta el punto de que Duran i Lleida se ha apresurado a recomponer las relaciones para evitar perder las prebendas que le permiten seguir viviendo de las instituciones del Estado del que su partido se pretende independizar; así seguir alojado en el Palace durante los días hábiles de la semana y viajar con pasaporte diplomático los inhábiles.

Y no ha sido menos grave la fractura del PSC: para una vez que se suma a la defensa de la legalidad, se le subleva una cuarta parte de sus diputados, que, rompiendo la disciplina de voto, lo han colocado en una situación de debilidad y ridículo de la que difícilmente se va a recuperar. Para remate tenemos la posición de los amigos de Otegui, los diputados de la CUP, que han manifestado su voto favorable, pero crítico a la vez que abstencionista (¿!). Pura esquizofrenia política.

La conclusión es que la manoseada declaración de soberanía que pretendía demostrar la gran cohesión social y territorial del pueblo de Cataluña en torno a la idea de la independencia ha provocado un tsunami interno en los partidos catalanes y un triunfo para Oriol Junqueras, que se proclama líder de la oposición a la vez que socio del Gobierno y que va indicándole a Mas la puerta de salida.

En realidad, la teatral puesta en escena, el uso del Parlamento, del aparato mediático y de la calle, solo ha servido para crear una densa cortina de humo con la que tapar la vergüenza de las luchas internas de poder en los partidos que, carcomidos por la corrupción e incapaces de ofrecer soluciones ante la gran crisis institucional, económica y social que sufre Cataluña, prefieren ahondar en el enfrentamiento y en la fractura social.

Haría bien el Gobierno español en dejar de silbar y mirar para otro lado y exigir el cumplimiento de la legalidad; e interponer el oportuno recurso de inconstitucionalidad que ponga fin a tanta actitud sediciosa.

Acabada la función, y aprobada la declaración de soberanía, la gente en la cola del paro seguro que explotó de satisfacción, pero hoy sigue preguntando: "¿Qué hay de lo mío?".

Cuando quieran empezar en serio la legislatura, que nos avisen.

Carina Mejías, presidenta del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona.

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