Las dos propuestas estrella en materia económica con las que concurrió el Sr. Mas i Gabarró a las elecciones autonómicas celebradas el 22 de noviembre de 2010 en Cataluña fueron eliminar el impuesto de sucesiones y alcanzar un concierto económico para Cataluña similar a los de Navarra y el País Vasco.
El Sr. Mas no perdió el tiempo y el 4 abril, meses antes de aprobar el presupuesto para 2011, anunció la eliminación del impuesto de sucesiones para receptores de herencias millonarias. ¿Por qué tanta prisa en reducir los ingresos mientras su gobierno acusaba al Sr. Montilla de "haberle dejado la caja vacía" y un déficit muy superior al reconocido? ¿Por qué el gobierno eliminaba uno de los impuestos cedidos por el Estado a la Generalitat al tiempo que reclamaba la cesión de todos los demás impuestos? A nadie le gusta pagar impuestos, pero mucho menos a quienes cuentan con heredar o transmitir una fortunita o una fortunaza. Y éste podría ser el caso del propio Sr. Mas, ya que según informaciones publicadas su padre tuvo a buen recaudo dos millones de euros en una cuenta en un paraíso fiscal de la que el actual President era beneficiario. (Tengo la impresión de que no es el President el único miembro del gobierno de los "mejores" que podría beneficiarse de la eliminación del impuesto de sucesiones.)
En cuanto al concierto económico o pacto fiscal, el Sr. Mas y su partido, CDC, han mantenido una posición cambiante. El nuevo gobierno catalán impulsó en marzo la creación de una comisión en el Parlamento catalán para examinar la viabilidad de alcanzar un concierto económico entre Cataluña y el Estado, una iniciativa a la que se sumó sin rubor el PP de Cataluña (PPC). Para el gobierno de los "mejores", la comisión de estudio tenía dos finalidades complementarias: primera, distraer la atención de los ciudadanos de los recortes en servicios públicos esenciales que estaba poniendo en marcha el Sr. Mas; y, segundo, trasladar la responsabilidad de dichos recortes al gobierno de España por negarle a Cataluña los ingresos que le corresponden. CiU había planeado que las conclusiones de la comisión se votaran en un pleno a celebrar antes del 31 de octubre para hacerlas el eje central de su campaña electoral y había incluso aprobado una reforma legal para que pudieran ser refrendadas por los catalanes. Por ello se opuso a postergar la votación de las propuestas de la comisión hasta pasadas las elecciones generales del 20 de noviembre, cuando se le solicitó el PSC en agosto. Hace unos pocos días, sin embargo, el gobierno catalán accedió, a instancias del PPC, a postergar dicha votación. Aunque el Sr. Homs, portavoz del gobierno catalán, intentó restar importancia al asunto y minimizó que se retrasara "durante unas semanas o unos meses" la concreción del pacto fiscal, lo cierto es que estamos ante un giro de 180 grados en la estrategia de CiU, obligada a hacer virtud de la necesidad y a conformarse con airear el informe de "viabilidad" elaborado por el propio gobierno catalán.
¿Qué ha cambiado desde agosto? Una encuesta tras otra vienen otorgando al PP una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales y CiU sabe muy bien que de confirmarse esos pronósticos el 20 de noviembre las posibilidades de negociar un pacto fiscal favorable para la Generalitat son nulas. Más bien al contrario, sería el gobierno del Sr. Mas el que quedaría a merced del PPC en el Parlament de Cataluña para aprobar los próximos presupuestos de la Generalitat. Más allá de los cálculos electorales a corto plazo, lo cierto es que las nuevas circunstancias permiten alumbrar cierta esperanza de que estas elecciones no sean la antesala del fin de la España surgida de la Constitución de 1978. Cualquier persona medianamente lúcida comprende que si el gobierno catalán –que desprecia, cuestiona e ignora normas estatales inocuas como los Reales decretos de enseñanzas mínimas– recaudara todos los impuestos estatales en Cataluña estaríamos a un paso de la declaración unilateral de independencia. Quienquiera que tenga la responsabilidad de gobernar España en los próximos años debería tener muy presente el papel fundamental que juega el concierto económico en la hoja de ruta que el Sr. Mas esbozó antes de llegar al gobierno: "El derecho a decidir es un camino sin punto final para convertir Catalunya en un Estado dentro de la Unión Europea", porque "Catalunya no puede construir su futuro dentro de la Constitución Española". En términos muy similares se ha expresado también Jordi Pujol, presidente de CDC. Que el nuevo gobierno español tome buena nota.