El relato, siempre el relato, incluía estos días un capítulo sobre los violentos infiltrados. No los "infiltrados" de los que habló Torra. La credibilidad de ese cuento duró aproximadamente lo mismo que la proclamación de la república que hizo su jefe antes de huir a Waterloo. No a esos, sino a los turbios anarquistas griegos, italianos o alemanes que se habrían venido a incendiar Barcelona, se han referido muchos para explicar el grado de violencia de los disturbios e impartir a la opinión pública dos nociones engañosas. La idea de que la responsabilidad de la violencia más dura no provenía de los independentistas catalanes, sino de los turistas revolucionarios. Y la reducción de los ataques a los agentes de policía al nivel habitual en los disturbios graves en cualquier lugar siempre que participan radicales expertos en guerrilla urbana.
Es muy posible que hubiera antisistema violentos de otros países en las batallas campales que acaban de producirse en Barcelona. Eso pasa. Todavía no se ha informado de la detención de ninguno de ellos, pero dejémoslo estar. Lo importante es que no hay manera de eludir la responsabilidad del independentismo catalán. Lo importante es que hay una especificidad que lo vincula directamente con la violencia inusitada que han empleado los manifestantes contra los agentes de policía. Esa especifidad, ese hecho diferencial, por así decir, procede del relato separatista, de su agitprop y de su discurso. No hay manera de obviarlo: el independentismo ha puesto en la diana a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. No los radicales venidos de fuera, sino los radicales de dentro. Y lo demuestra el único relato que debe importar: el de los hechos.
La hostilidad hacia las fuerzas de seguridad españolas se vio claramente desde las semanas previas al intento de golpe de octubre de 2017. No fue una hostilidad casual y anecdótica. El hostigamiento, en distintas poblaciones, a los agentes que estaban alojados en hoteles fue instigado o contó con la aprobación de dirigentes independentistas y autoridades locales. Varios hoteles se vieron forzados a pedirles que se fueran por temor a represalias. Los policías alojados en los barcos atracados en el puerto de Barcelona fueron sistemático objeto de burla y violencia verbal, y la organización de estibadores (OEPB), cuyo rostro en bruto vimos estos días, los puso en la lista negra. Las dependencias de la Policía Nacional en Barcelona y otros lugares tuvieron que afrontar algaradas, al igual que las de la Guardia Civil. En centros de enseñanza, los hijos de guardias civiles fueron señalados, culpabilizados y sometidos a humillación. Por cierto: el caso contra los profesores denunciados se archivó en julio de este año.
No son anécdotas, nada de causalidades. No es en absoluto casual que el objetivo de la agresividad de los manifestantes independentistas fuera ahora la Jefatura Superior de Policía en Cataluña, en Vía Laietana. Saben lo que hacen y lo saben –esto sí– los que agitan y dirigen a las masas. No es sólo que el separatismo haya adoctrinado a sus huestes con la especie de que las fuerzas de seguridad del Estado son "las fuerzas de ocupación" y que, en consecuencia, los fanatizados se descontrolen, ataquen a los agentes con rodamientos o motosierras y les griten que van a matarlos. Es un descontrol querido. Inducido. Es objetivo de la dirección política separatista que haya un clima de agresión, y efectivas agresiones, a las fuerzas de seguridad del Estado. Porque son uno de los elementos cruciales de la presencia del Estado en Cataluña –de lo que queda de esa presencia– y representan el monopolio del uso legítimo de la violencia que tiene el Estado y lo caracteriza.
No hay manera de obviarlo. No desde el otoño de 2017, no desde estos disturbios. El independentismo catalán deslegitima y hostiga a las fuerzas de seguridad del Estado con plena conciencia de lo que hace. Ha traspasado el umbral de la espiral más peligrosa.