Si el periodismo, como en el dicho chesternoniano, es decir que "Lord Jones ha muerto" a gente que no sabía que estuviera vivo, la política consiste, en muchas ocasiones, en hacer declaraciones sobre asuntos que cobran vida repentina sin saber prácticamente nada de la materia. Esto es lo que está ocurriendo con las protestas de los agricultores. El tema se ha colocado inesperadamente en la bandeja de la actualidad y los partidos del Gobierno, más el propio Gobierno, están respondiendo a la demanda. No a la demanda de los agricultores, sino a la demanda de diagnósticos y soluciones instantáneos. Y, sobre todo, de instantáneos culpables.
Porque la primera regla de oro se ha cumplido ya. Lo primero, en estos casos, es designar a un culpable. Si el político que nada sabe del problema encuentra un buen culpable, ya tiene resuelto lo esencial, que es decir algo sin que se note su ignorancia, desviar la responsabilidad cuanto más lejos mejor y centrar la atención del público en el chivo expiatorio. Pero hay que elegirlo bien. Pepe Álvarez, el jefe de la UGT, eligió mal. Lo de asociar, como hizo, las protestas en Extremadura a la "derecha terrateniente, carca", no podía colar y no coló. Al no funcionar ese modo visiblemente ideológico de enfrentar el conflicto, el Gobierno ha optado por unos culpables clásicos: los intermediarios. Lo típico: si al agricultor le pagan muy poco, ¿cómo es que el producto le cuesta al consumidor mucho más? Ah, pillines, los intermediarios.
El presidente Sánchez ha pedido una autocrítica a "las grandes distribuidoras". En realidad, como en el chiste de comunistas, Sánchez ya les ha hecho la autocrítica. No es que descuelle el socialista en la autocrítica cuando de su política se trata, pero ahora le sabemos capaz de pedir a otros que se la hagan. Ciertamente no está nada claro qué adelantaríamos si las grandes distribuidoras hicieran autocrítica. Sería sólo un gesto. Pero tampoco quiere más el Gobierno. Lo único que quiere es que el culpable que ha designado reconozca su culpabilidad, que la confirme ante los ojos de la opinión pública. Quiere que esas distribuidoras hagan saber que sí, que son muy malas, que por su culpa apenas pueden sobrevivir los pequeños agricultores y, lo más importante, que por su culpa tiene el Gobierno bicolor su primer conflicto social en la calle.
¿Su primer conflicto? Quitemos el posesivo. Según el Gobierno, es un conflicto que nada tiene que ver con el Gobierno. Ni con su política agraria, sea aquí o en Bruselas, ni con los impuestos, ni con la subida del SMI. Todas esas posibles causas han quedado descartadas. Las ha descartado el propio Gobierno gracias al hallazgo del verdadero culpable. De esa manera puede estar a la vez en los dos lados de la barricada. Y sentirse plenamente solidario con los agricultores, que en pocos días han dejado de ser aquellos terratenientes, aquellos kulaks, que denunciaba Álvarez, para ser las víctimas de codiciosos intermediarios. Codicia e injusticia de la que pretenden dar fe los mensajes que lanzan en cascada desde Podemos, por ejemplo, con el precio en origen de las patatas y el precio final. Quieren demostrar que saben mucho de patatas, y lo que demuestran es que no van a la compra hace años.
Cuidado, porque designar al culpable no lo tapa todo. Aquí y allá se trasluce que no saben de qué hablan. O dan a entender que la solución instantánea es una subida de precios que repercutirá en el consumidor. Cuando un presidente del Gobierno dice que "los precios bajan, bajan y bajan y esto es algo absolutamente inaceptable", es lo que deduce cualquiera. Cualquiera de los que sí van a la compra y comparan precios.