Dice el proverbio, atribuido a Bonaparte, que las victorias tienen cien padres y la derrota es huérfana. A este viejo problema de atribuir la paternidad de los desastres acaban de darle una solución, frágil y provisional por fuerza, los convergentes catalanes. Han decidido que los que fracasaron juntos deben gobernar unidos. Se dirá que no les quedaba más remedio, al tratarse de un revés de partido. Pero unos se significaron más que otros en la pasmosa operación que infligió a CiU una pérdida de doce escaños. A la vista del nuevo gobierno, salen ganando los que más contribuyeron al fiasco. Algunas de las eminencias grises que urdieron el adelanto electoral, seguras de que la bandera secesionista iba a procurarles una mayoría nunca vista, han sido premiadas con su cargo y su poltrona para que iluminen el camino hacia la independencia con el mismo cacumen e idéntico acierto.
En su anterior y por él abortada legislatura, Artur Mas presumía de haber formado el "gobierno de los mejores", dando a entender que frente a la selección negativa que operaba en los tripartitos él recurría a las probadas virtudes de la meritocracia. Relegado aquel prurito tecnocrático por el fervor mesiánico, ha elevado el fracaso a mérito indiscutible para sentarse en el gobierno. Es verdad que él es el primer estrellado, pero cuando un partido sufre un descalabro de magnitud salva de la guillotina al jefe cortando varias cabezas del segundo escalón. Nada de esto hace Mas, que prefiere atarse con mayor fuerza al grupo que lo encumbró como sucesor del patriarca. Y esta decisión cabe interpretarla como un signo de debilidad. Su liderazgo pende del hilo que sostienen todos los demás cráneos previlegiados de la cúpula de Convergència. Cuando se carece de autoridad, se hace piña.
No hay que desdeñar la influencia del gobierno en la sombra de Esquerra en la elección de tales consejeros. Ese shadow cabinet que se dispone a controlar el escrupuloso cumplimiento de los acuerdos suscritos. En primerísimo lugar, claro, la celebración de la consulta sobre la separación de España como sea, datada para 2014, siempre que "el contexto" no obligue a retrasarla. Pero también, y no es asunto menor, la parte económica del pacto, con las subidas de impuestos que tanto indignan al empresariado. La famosa burguesía catalana está dotada de un gran patriotismo mercantil. Si se trata de romper España, no tiene nada que decir, pero si la presión fiscal aumenta, entonces se hace oír. Veremos cómo maniobran los convergentes para evitar la colisión con parte de su base social y electoral. Pero un gobierno de fracasados difícilmente hará otra cosa que naufragar.