El 21 de diciembre es la fecha fijada por los independentistas para escenificar su nonagésimo tercera rabieta, su décimo cuarta declaración de independencia, su trigésimo séptima entrega del golpe de Estado a cámara lenta (perdonad si los números no son exactos; a estas alturas ya he perdido la cuenta de las funciones de este circo). Aprovechando que el doctor Sánchez y sus ministros de las falsas tesis y declaraciones de bienes se reúnen en consejo en Barcelona para escenificar lo mucho que "este Gobierno" quiere a esa región, el encaje, el diálogo, la nación de naciones y todos los mantras para consumo de masas de rigor.
A nadie se le escapa a estas alturas del partido que las concesiones que los sucesivos Gobiernos de España han ido haciendo a la Generalidad y sus plataformas golpistas civiles se han disparado con Sánchez, que las ha elevado a la categoría de impunidad absoluta. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en Cataluña el Estado de Derecho ha hecho las maletas y se ha marchado, dejando a los no nacionalistas librados a su suerte, es decir, al albur de las decisiones que una pandilla de mafiosos echados al monte y con mando sobre mozos de escuadra y CDR toma cuando hace de su capa un sayo.
Un sayo que desde Rajoy ha asumido todas las formas del delito, desde el golpismo hasta la sedición (la última bravata de Torra, mientras escribo estas líneas, pasa por la vía eslovena). Y si semejante escenario, de rebelión abierta contra el Estado, preocuparía sobremanera a cualquier gobernante vinculado o, al menos, constreñido moral y legalmente por su juramento de "guardar y hacer guardar la Constitución", en el caso de Sánchez, cuya única preocupación conocida es el propio Sánchez, este trance para España se presenta como una oportunidad para seguir medrando en el poder.
Porque al 21 de diciembre llegaremos con los equilibrios de poder entre los socios del entramado autonómico convulsionados tras el desembarco de VOX en el parlamento autonómico andaluz. Por un lado, tenemos a un PSOE partido en dos entre el núcleo sanchista y los demás sectores con mando en plaza, desde los barones autonómicos hasta el último cargo público, que ven cómo las evoluciones del Frente Popular reeditado por el inquilino de Moncloa y su romance con los partidos antiespañoles, que VOX tiene la virtud de poner descarnadamente ante la vista de todos, amenazan con dejarlos en el paro. Por otro, a PP y Cs, que intentaron frenar el ascenso del partido de Santiago Abascal bajo la excusa del voto útil y que ahora ven perplejos cómo VOX suma en lugar de restar (hasta el punto de desplazar al PSOE de su hegemonía de cuarenta años al frente de la Junta, ahí es nada)…, no a lo que el consenso llama el Constitucionalismo, que eso es una leyenda urbana, pero sí a las fuerzas que, al menos de boquilla, se oponen al Frente Popular. Con el agravante de que VOX pone coto a sus veleidades y derivas, señalándoles el norte de la unidad nacional y el Estado de Derecho.
Todos son conscientes de que el fenómeno VOX no es coyuntural y está llamado a multiplicarse a lo largo y ancho del territorio nacional. Y que el recién llegado supone un peligro para los intereses espurios y cortoplacistas de la partidocracia, claramente reñidos con los intereses de los españoles. Si las encuestas, pacatas cuando se trata del único partido de derechas, no mienten, VOX entrará con al menos 40 diputados en las próximas elecciones generales.
¿Qué hacer, pues, para no perder los privilegios y el statu quo adquiridos durante cuatro décadas? ¿Qué hacer para seguir repartiéndose la tarta entre ellos? Seguir, como es lógico, por la vía de las alianzas bajo cuerda. Este PSOE herido de muerte necesita al PP y a Cs para sobrevivir, y el PP y Cs quieren que el PSOE les quite a VOX de encima. De modo que no descarto que Sánchez aproveche los desmanes del 21 de diciembre que los separatistas le servirán en bandeja para envolverse en la bandera española (camino que, por lo demás, ya había tanteado en junio de 2015, cuando presentó su candidatura a la Secretaría General del PSOE con una gigantesca bandera de España de fondo), aplicar un 155 algo más duro que el anterior de la manita de PP y Ciudadanos (aprovechando los desmanes del 21 de diciembre, que sin duda habrá), y convocar elecciones para mayo de 2019. Es la única salida que le queda al PSOE. Y puede que sea la única salida para el doctor Sánchez. Sus propios barones y los cada vez más irracionales chantajes de sus socios lo llevarán a ello. Solo su ego y sus ansias de poder son más grandes que su sectarismo.