“Cada día es más útil que los ciudadanos salgan a la calle cuando hay un Gobierno que no escucha”. La idea no es de un portavoz del Foro de la Familia o de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ni siquiera pertenece a uno de los dos millones y medio de españoles que ha pedido, con su firma, que se consulte a la nación si desea seguir unida en derechos y obligaciones, antes de entregar cualquier privilegio a unos españoles frente a otros. Su autor es José Blanco, secretario de Organización del PSOE, y la defendió el domingo 16 de febrero de 2003, aún eufórico por el éxito de la manifestación contra la Guerra de Irak celebrada el día anterior. La habitual guerra de cifras fue directamente arramblada por la propaganda épica del PSOE: “histórica”, “clamor masivo”, “se recordará siempre”, fueron algunos de los calificativos utilizados entonces para exaltar la legitimidad de “la calle” frente a la del Gobierno.
Los dirigentes socialistas no dudaron en atribuir dimensiones históricas a las concentraciones de protesta convocadas por Cultura contra la Guerra y organizaciones de extrema izquierda. Zapatero calificó la convocatoria de aquel 15 de febrero como “la mayor desde la transición democrática”. Jesús Caldera, entonces portavoz del PSOE en el Congreso, se apuntó también al epíteto “histórico”, y añadió: “Se recordará siempre”. Manuel Chaves pidió a José María Aznar que escuchara el “clamor masivo”: los gobiernos, dijo el presidente de los socialistas, “deberían ser sensibles a lo que piensan los ciudadanos a los que representan y cambiar radicalmente”.
Por aquel entonces, la guerra de cifras de asistentes era esgrima de salón, comparada con el singular método de recuento del actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Constantino Méndez. La disparidad entre organizadores y gobernantes, durante las manifestaciones de 2002 y 2003 contra la política del Gobierno popular en la crisis del Prestige y en la Guerra de Irak, apenas alcanzaba a dos o tres centenares de miles de personas.
El sábado 15 de febrero de 2003, con ocasión de la manifestación contra la Guerra de Irak, los convocantes hablaron de un millón de personas y la Delegación del Gobierno concedió 660.000. Dos días después, José Luis Rodríguez Zapatero se refirió a la concentración como “la mayor desde la transición democrática”. Olvidó que hubo varias manifestaciones con mayor respaldo popular en Madrid, como la celebrada tras el fallido Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, o la que recorrió las calles de la capital tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA.
Zapatero acusó a Aznar y al PP de haberse “divorciado de la opinión de los españoles” y de gobernar “contra la mayoría de los ciudadanos”. El secretario general de los socialistas no escatimó elogios para una “ciudadanía madura, democrática, libre y responsable”, una doctrina que contrasta con la del Gobierno socialista de hoy, que sólo ve ciudadanos divididos y manipulados por el PP en las últimas manifestaciones.
La imagen de un divorcio de “la calle” y el Gobierno era la favorita de los dirigentes socialistas, cuando las manifestaciones por el ‘Prestige’ y la Guerra de Irak. Rafael Simancas lamentó, tras la manifestación del 15 de febrero de 2003, que “el PP esté dando la espalda a los ciudadanos y gobierne en contra de la voluntad de la mayoría”.
El PSOE creía haber patentado, por aquellos días, un traductor simultáneo de la voluntad popular: “La gente lo que le está pidiendo a Aznar es que se una a su pueblo, andaluces, gallegos o vascos, a todo el mundo que está en contra de la guerra, y que vote en el Consejo de la ONU en contra de la intervención militar en Irak”.
