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EDITORIAL

Un camino lleno de obstáculos hacia la privatización

Por muchas que sean las resistencias de los políticos –tanto del PSOE como del PP– frente a la privatización, la alarmante realidad en la que están inmersas estas entidades financieras es la que, más pronto que tarde, va a imponer la catarsis.

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Coincidiendo con la publicación en el BOE del decreto de reforma de la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, la ministra Salgado ha anunciado este martes la intención de nuestro Gobierno de solicitar una prórroga en la aplicación de Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), vencido el pasado 30 de junio. No sabemos si la Comisión Europea accederá a la solicitud, pero lo que es seguro es que ninguna prórroga en este sentido va a evitar la necesidad de llevar a acabo un proceso de privatización de la mayoría de nuestras insalvables y politizadas cajas de ahorro.

Precisamente la reforma de la ley que entra hoy en vigor ha sido presentada como una puerta abierta a ese proceso de privatización, no sólo porque permitirá a las cajas poder emitir cuotas participativas, valores similares a las acciones, con derechos políticos hasta un máximo del 50% de su capital, sino también porque, en caso de intervención del Banco de España, la nueva ley establece que las entidades intervenidas traspasarán todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última y se transformarán en una "fundación de carácter especial", perdiendo así su condición de entidad de crédito.

Naturalmente esta reforma es una puerta abierta a la privatización que deja también a la vista numerosos obstáculos para la misma: en primer lugar, la limitación máxima del 50% del capital para poder emitir cuotas participativas supone un freno a la hora de atraer capital privado, dado que en ese caso el control seguiría estando en manos de los políticos. Asimismo, aunque las cajas pudan superar ese límite del 50% de participación privada si se convierten en fundaciones, es evidente que éstas seguirán siendo el cortijo de una irresponsable dirección política que continuará llevando a cabo sus tejemanejes con dinero ajeno. Y eso si acceden a dicho cambio de régimen jurídico, ya que debe ser aprobado por, al menos, dos tercios de su consejo de administración.

Con todo, por criticables que sean estos obstáculos hacia la privatización y por muchas que sean las resistencias de los políticos –tanto del PSOE como del PP–, la alarmante realidad en la que están inmersas estas entidades financieras es la que es, y más pronto que tarde, va a imponer la catarsis. Y es que ni la compra pública de acciones y cuotas participativas de supuestas "entidades solventes" ni ninguna prórroga del FROB va a "salvar" a estas entidades mientras sigan en manos de los políticos.


 

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