Emilia Casas, que se rasga las vestiduras después de haber rebajado al Tribunal a la altura del betún, no puede seguir presidiendo tan alta institución.
Una semana después de activarse la mayor campaña de descrédito contra el Tribunal Constitucional desde que fue fundado hace más de tres décadas, su presidenta, la nacionalista catalana María Emilia Casas, ha salido a la palestra a exigir respeto para la Institución, pero sin aclarar si se dirige a los que de verdad la atacan o a los que aspiran a que el Tribunal opere con la máxima independencia y rigor. Este juego de manos, que no por previsible es menos chocante, forma parte de una estrategia previamente trazada por el Gobierno y sus aliados nacionalistas para desestabilizar al alto Tribunal, e influir tanto en su composición como en la decisión que finalmente tome respecto al estatuto catalán.
Este estatuto lleva aplicándose desde hace cuatro años a pesar de que el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Popular no ha sido aún resuelto. Esta interminable demora es el primero de los hechos sorprendentes que rodean al célebre recurso que duerme en algún cajón del Constitucional sin que los jueces que lo forman terminen de dictar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un estatuto patrocinado por Zapatero y pergeñado por lo más rancio del nacionalismo catalán. Un cadáver insepulto de la anterior legislatura que empieza a oler y todos quisieran enterrar si consiguiesen manejar a los jueces del Tribunal como marionetas al servicio de la política.
A la inusual tardanza en decidirse hay que sumar los vaivenes que ha padecido el Constitucional en los últimos cuatro años. Movimientos de raíz política con el único objetivo de preparar una resolución al gusto de los padrinos. No es casualidad que la propia vicepresidenta del Gobierno se atreviese a disciplinar en público a la presidenta del Tribunal, como tampoco lo es que se introdujese una enmienda a la Ley Orgánica del TC para que María Emilia permaneciera en el cargo más allá de lo que legalmente le corresponde. La voluntad del Gobierno es que el estatuto, su estatuto, salga adelante sorteando el escollo del Constitucional. Por eso han demorado deliberadamente la tramitación del expediente zancadilleando a los magistrados no afines.
Y esto no es una interpretación libre sino un hecho constatable en la realidad. Cuando fue recusado Pérez Tremps, el bloque al servicio del Gobierno paralizó el trámite inmediatamente. Lo mismo sucedió cuando Manuel Aragón se puso de perfil suscitando serias dudas de que su veredicto iba a ser el que el Gobierno esperaba. A la inversa, tras el inesperado fallecimiento de García Calvo, propuesto por el PP, Casas y los suyos se apresuraron a aprovechar la ventaja para preparar ponencias favorables. Al final, después de todas estas indecentes maniobras, parece inevitable que la resolución final no sea la que desea Moncloa y su peón al frente de la presidencia del Constitucional. Razón por la que el recurso ha vuelto al letargo.
Los nervios, sin embargo, han empezado a cundir entre las filas nacionalistas, que lo mismo se apuntan a crear un frente común contra el Tribunal que a liquidarlo, según gustos y pareceres. Ellos y sólo ellos son la verdadera amenaza para la Constitución y para el Tribunal especial que vela por ella. Con los hechos en la mano, María Emilia Casas, que se rasga las vestiduras después de haber rebajado al Tribunal a la altura del betún, no puede seguir presidiendo tan alta institución. Un Tribunal necesario en nuestro sistema que, por su culpa, vive postrado sus horas más bajas y humillantes.
