Un día después de que el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, autorizara el traslado de los golpistas presos a cárceles catalanas, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado un "diálogo sin cortapisas" con el sedicioso Joaquim Torra, palabras que han llenado de lógica esperanza a los que desean que el Gobierno de la Nación respalde la tercera consulta secesionista que pretenden perpetrar en Cataluña, y que sería tan ilegal y liberticida como las anteriores.
Tanto el traslado de los golpistas presos como las irresponsables palabras de la vicepresidenta responden a un inmoral y contraproducente esfuerzo por contentar a quienes se han juramentado para dinamitar el marco autonómico y constitucional para la creación en Cataluña de un Estado independiente. Por mucho que el Gobierno quiera ocultarlo, lo cierto es que la Administración regional catalana sigue en manos de unos sediciosos que no se cansan de proclamar que su objetivo no es otro que proseguir el proceso secesionista que iniciara en 2012 Artur Mas y que continuara el fugado Carles Puigdemont, a quien los separatistas –empezando por Torra– consideran el presidente legítimo de Cataluña. Teniendo presente que las competencias en materia penitenciaria están transferidas y que el director de prisiones de la Generalidad ha expresado su solidaridad con los golpistas presos hasta el punto de lucir por ellos el ominoso lazo amarillo, cualquiera se puede hacer una idea del trato privilegiado que van a tener Oriol Junqueras y su deplorable compañía.
El Gobierno de Sánchez podrá cerrar los ojos ante la reapertura de las embajadas catalanas, el nombramiento de la golpista prófuga Meritxell Serret como delegada de la Generalidad en Bruselas y las proclamas progolpistas que el supremacista Torra vocea todos los días. Pero lo cierto es que esa ceguera voluntaria, así como la oferta de un "diálogo sin cortapisas", es interpretada por los separatistas como lo que es: una muestra de debilidad y, por tanto, un estímulo para que los liberticidas, lejos de volver a la legalidad, se mantengan en la senda insurreccional.
Persistir en la senda del diálogo y de la cesión ante el separatismo, además de una inmoralidad contraproducente, constituye además una supina estupidez, absolutamente letal para los intereses electorales del propio PSOE. Salvo que albergue el absurdo temor de que los separatistas se sumen al PP en una surrealista moción de censura... como la que le llevó a la Moncloa, Pedro Sánchez no tiene por qué pagar nada a ninguna de las formaciones que le ayudaron a deshacerse de Rajoy. Los separatistas tendrían mucho más que perder que los socialistas en caso de que se celebrasen elecciones generales en un futuro próximo. Es más, dado que la derecha se encuentra profundamente dividida por mor de los estragos que ha causado el rajoyismo en el PP, el PSOE bien podría volver a ser el partido más votado si atendiera al hartazgo que las reclamaciones nacionalistas causa también en buena parte del electorado de izquierdas.
Pero Pedro Sánchez no está en esa onda. Pedro Sánchez está en la onda oportunista y apaciguadora que tanto daño puede hacer a España.