La sanción de dos años de suspensión a Alberto Contador por una presencia ínfima de clembuterol en la sangre, que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) admite que no sabe si obedeció a una acción dopante del ciclista español, es una resolución injusta, pavorosamente antijurídica, un monumento a la arbitrariedad, propio de un sanderín displicente y no de un tribunal en sus cabales. Probablemente, es la primera vez que alguien en un Estado de Derecho es condenado ante la duda de si es culpable. Lo más escandaloso de todo es que el TAS reconoce expresamente en la sentencia que no puede determinar el origen de los 50 picogramos de clembuterol detectados en el análisis al que fue sometido el tricampeón del Tour el 21 de julio de 2010, en la segunda etapa de descanso de la Ronda francesa. Los responsables de impartir justicia deportiva no saben si el deportista de Pinto se dopó o si comió un bistec con trazas del fármaco prohibido. Y como no puede probar nada, en uno u otro sentido, el TAS opta por declarar culpable al ciclista y le impone una condena que le despoja de varios títulos, entre ellos el Tour ganado en 2010, y le impide participar en el de este año y también en los Juegos Olímpicos del próximo mes de julio en Londres.
Una cosa es la lucha contra el uso de drogas en el deporte, que debe ser implacable e infligir sanciones severas y ejemplarizantes a quienes hacen trampas, y otra muy distinta invertir principios básicos del orden legal, obligando al deportista a demostrar su inocencia en vez de obligar a los acusadores a demostrar que es culpable. El kafkiano proceso, de más de 18 meses, y la sentencia contra Alberto Contador apestan a amaño y sugieren abuso por todas partes. Tan indispensable es el juego limpio en el deporte como la justicia limpia en los despachos del deporte. Se dice, y es cierto, que una justicia lenta es una forma de injusticia. Contador ha sido sometido a una justicia lenta y, además, arbitraria, que es la negación completa de la justicia. No hay derecho a que un deportista, sea español o de las Antípodas, espere 18 meses por una resolución sin poder defenderse y, cuando la sentencia llega, sea para condenarle, simplemente porque hay dudas sobre su inocencia.
El Estado español, a través de sus autoridades del Deporte, debe tomar cartas en el asunto y velar por que los órganos internacionales encargados de impartir justicia deportiva sean imparciales, independientes y se sometan al principio de legalidad que rige para todos los justiciables en un Estado de Derecho. La justicia deportiva no puede ser un coto para la arbitrariedad, el abuso tercermundista y la caza de brujas. El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado para el Deporte, debe pedir explicaciones a las instituciones que supervisan el TAS y de las que España forma parte. Alberto Contador, por su parte, no debe esperar un día más para apelar a un tribunal auténticamente jurídico frente a esta farsa de sentencia.