Lamentablemente, y tal y como se advertía este mismo lunes en estas mismas páginas, la posibilidad de que el PP liderado por Alberto Nuñez Feijóo "acabe transigiendo con las exigencias de Sánchez" de renovar el CGPJ sin reformar previamente la Ley Organica del Poder Judicial para que sean los propios jueces y magistrados los que elijan 12 de los 20 vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial –reforma ajustada a lo que literalmente reclama el articulo 122.3 de la Constitución y no para de reiterarnos la Unión Europea— se ha convertido, sólo un día después, en una bochornosa realidad. Así lo ha dejado de manifiesto este martes Alberto Nuñez Feijóo, quien ha querido ridículamente encubrir su insensata, irresponsable y claudicante disposición a renunciar a esa exigencia adquiriendo el "compromiso personal" de modificar dicha ley "cuando llegue a la Moncloa".
Se consuma de esta forma el mantenimiento de una politización en el sistema de elección del máximo Órgano de Gobierno de los Jueces que hace de la cúpula del Poder Judicial una mera correa de transmisión del Poder Legislativo, quebrándose, una vez más, un principio elemental de todo Estado de derecho como es el de la separación de poderes. Así las cosas, no es de extrañar que el gobierno de Sanchez haya corrido a bajar el tono de crítica contra el PP para preservar un acuerdo "sin condiciones" que, en realidad, aparcará la única condición que debía haber sido irrenunciable como es la de acabar con ese "obsceno espectáculo de ver a los políticos nombrando a los jueces que pueden juzgar a esos políticos", tal y como dijo en su día con fugaz acierto Alberto Ruiz Gallardón.
Con su claudicante disposición Feijóo fortalece además el artero relato machaconamente difundido por el gobierno socialcomunista según el cual la lamentable situación de interinidad del CGPG y del Tribunal Constitucional no obedecia al empecinamiento de los socialistas por mantener la designación política de la totalidad de los miembros de la cúpula del Poder Judicial sino al "bloqueo" a la misma que, según los socialistas, constituía la reclamación del PP de proceder a esa renovación respetando la independencia del poder judicial que nos reclama la UE. Para un gobierno socialcomunista como el de Pedro Sánchez, que se sustenta en formaciones públicamente contrarias a nuestro ordenamiento constitucional, era esencial hacerse con el control de quienes han de juzgar qué es y qué no es acorde a nuestra Ley de Leyes. Lo que no es inteligible —salvo para quien, una vez llegado a La Moncloa quiera hacer continuismo de la nefasta política de Pedro Sanchez bajo siglas del PP— es que Feijóo se brinde al apaño con los socialistas en una designación política de los miembros de la cúpula del Poder Judicial.
En cuanto al "compromiso" que Feijóo ha pospuesto para cuando llegue al gobierno, hay que decir que es el mismo compromiso de despolitización de la Justicia que también hicieron y luego incumplieron todos sus antecesores. Es más. Aun cuando Feijóo cumpliera su palabra cuando llegue a la Moncloa —o le obligara Vox a cumplirla como condición sine qua non para respaldarle en la investidura— el futuro presidente de gobierno del PP habría perdido un tiempo precioso otorgándoselo al actual presidente del gobierno. Así las cosas, nuestra única esperanza ante la nueva componenda judicial que se avecina, es que Feijóo cambie de opinión y exija a Sánchez una reforma de la nefasta ley organica del Poder Judicial como la que Feijóo dice que llevará a cabo… cuando sea él quien presida el gobierno.