Por si no hubiera muestras de hasta qué punto la corrupción estaba y sigue estando institucionalizada en Andalucía, el portavoz de su Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez, anunciaba hace unos días la intención de la Junta de abonar la defensa jurídica privada de sus altos cargos en ejercicio y de los funcionarios públicos imputados en el caso de los ERE. La excusa no era otra que una normativa autonómica, el decreto 450/2000 de 26 de diciembre, que –según se decía– obligaba a ello.
Si la juez Alaya considera que en la Junta se llegó al extremo de dictar normas que facilitaron el "uso indebido" de las transferencias de financiación como subvenciones sociolaborables, en principio no sería de extrañar que también se hubiera promulgado un reglamento tan bochornoso como para obligar al contribuyente a pagar la defensa de los acusados por desvío de fondos públicos.
Lo cierto, sin embargo, es que esa normativa, aunque muy discutible, no llega a tanto: ese reglamento permite, que no obliga, a la Conserjería pertinente la contratación de servicios de profesiones "siempre que los procedimientos judiciales que se dirijan contra las autoridades y personal al servicio de la Junta sean por actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores".
Además del propio contenido de la norma invocada, otra prueba de que el pago de la defensa de los presuntamente corruptos no supone un inexorable imperativo legal para la Junta lo constituye el hecho de que, escasas horas después del anuncio del portavoz de la Junta, su vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, de IU, lo desmentía afirmando categóricamente que la Junta "no se va a hacer cargo de ninguna defensa" de altos cargos imputados, "ni de manera directa ni indirecta".
Con posterioridad, la Portavocía del Gobierno de Griñán matizaba su postura inicial de respaldo de los imputados, pero sólo para aclarar que el pago de las defensas se realizaría a petición de los interesados y una vez que los servicios jurídicos emitieran un voto favorable.
En estos momentos no se sabe cuál va ser finalmente la decisión, sobre la que están enfrentándose los socios de gobierno. Lo que ha quedado en evidencia es que aquella decisión de la Junta presidida por Griñán de personarse como acusación particular no era más que un paripé con el que disimular la condescendencia, cuando no complicidad, de los máximos representantes de la Junta, sin la cual tan extensa trama de corrupción no hubiera sido posible.
Lo que también ha quedado muy a la vista son las diferencias que aparecen incluso en el seno mismo del PSOE: frente al visto bueno que Susana Diaz –candidata de Griñán para sucederle– otorga al hecho de que haya imputados que aún sigan en su cargo, el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, asegura: "Los imputados en la trama corrupta de los ERE no estarían en mi Gobierno".
Se queja el alcalde de esta pequeña localidad granadina de los obstáculos que está encontrando para presentarse a las primarias. Si de verdad quiere combatir la corrupción, va seguir encontrándolos, pues se enfrenta al sistema mismo que impera en Andalucía.