La Comisión Europea ha anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz tras las informaciones aparecidas este miércoles sobre la posible comisión de un monumental fraude en las ayudas para cursos de formación en dicha comunidad autónoma. Tal y como ha destapado Libertad Digital, la Policía y la Seguridad Social habían abierto hace dos años una investigación a más de 200 personas en diferentes poblaciones malagueñas para aclarar el fraude en un expediente de unos 3 millones de euros. Ahora, sin embargo, la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que, entre los años 2009 y 2011, podría haber alcanzado los 2.000 millones de euros.
Es lógico que la Comisión Europea pida explicaciones a la Junta por lo que ya se conoce como la trama EDU, habida cuenta de que Bruselas también destina financiación a estos cursos ¡a través del Fondo Social Europeo. Lo que no tiene lógica alguna, afecte o no este fraude a los fondos europeos, es que la Junta no haya dado ninguna explicación y, en su lugar, haya arremetido contra el ministro del Interior, al que ha acusado de haber "filtrado" el escándalo y de no "dar la cara" por el asunto.
Para empezar, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ya ha mantenido una conversación telefónica con el consejero andaluz de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, en la que le ha asegurado que el Ministerio del Interior no ha filtrado ninguna información sobre la investigación de la UDEF. Pero es que, además, quien tiene que dar la cara no es el ministro del Interior sino la presidenta de la Junta, Susana Diaz, quien ha estado escondida todo el día, sin dar la menor explicación. Peor aún: su consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha acusado a Interior de abrir una "causa general contra Andalucía" y exigido una "rectificación" del ministro a propósito de una investigación sobre la que Fernández Díaz en ningún momento se ha pronunciado.
Por mucho que el consejero andaluz se envuelva en la bandera de Andalucía, la Policía no duda de que ese supuesto fraude generalizado hubiera sido imposible sin la colaboración de algunos de los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo encargado de gestionar esta línea de fondos.
No menos claro es que los cursos de formación no han cumplido, especialmente en Andalucía, su objetivo de ayudar a encontrar empleo, y que, por el contrario, han constituido una formidable fuente de corrupción.
Está visto, sin embargo, que para la izquierda no hay mejor defensa que un buen ataque. Se dedica a arremeter contra el mensajero sin aportar una sola prueba en su descargo. La nula voluntad regeneracionista de la presidenta andaluza ha quedado nuevamente de manifiesto.