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EDITORIAL

La totalitaria 'Memoria Democrática' es una aberrante maniobra de distracción

Y mientras, España padeciendo la peor crisis económica y sanitaria de su historia reciente…

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Por mucho que resulte lamentable tener que dedicar un editorial a lo que es una clarísima maniobra de distracción, con la que el Gobierno social-comunista pretende desviar la atención respecto de su pésima gestión, tanto en el ámbito económico como en el sanitario, la mal llamada Ley de Memoria Democrática, con la que pretende ahondar en la senda cainita y liberticida de la detestable Ley de Memoria Histórica, constituye tal afrenta a la reconciliación nacional fraguada en la Transición, y tamaño atentado contra el régimen de libertades que consagra la Constitución, que bien merece la más enérgica repulsa de este periódico.

Para empezar, este bodrio jurídico liberticida, propio de las dictaduras que encandilan al vicepresidente comunista del Gobierno, tiene de democrático lo mismo que tenía la extinta República Democrática de Alemania, tan del gusto del indeseable ministro comunista Alberto Garzón. La memoria es una capacidad estrictamente personal, y dictaminar por ley lo que uno puede o no recordar o manifestar sobre el pasado –aun cuando sea respecto de un pasado tan remoto y felizmente superado como el de la Guerra Civil o el del régimen franquista– constituye una pretensión del todo sectaria y totalitaria que debería ser absolutamente inadmisible en un régimen democrático. Así, ilegalizar la Fundación Francisco Franco o multar a los historiadores por ensalzar o destacar alguno de los logros alcanzados por España durante el franquismo constituye un atentado a las libertades de asociación, cátedra y expresión. El hecho de que ni Franco ni su régimen fuesen democráticos no legitima en modo alguno la censura o la persecución mediante multas de cuanto positivo se pueda decir de ambos. No más democrático era, por cierto, el execrable PSOE de Largo Caballero, quien abiertamente incitó a la guerra civil, llamó al exterminio del oponente, denostó la democracia como “engañifa burguesa” y se afanó en instaurar la “dictadura del proletariado”. ¿Se va a ilegalizar acaso la Fundación Francisco Largo Caballero, estrechamente vinculada a la UGT?

No menos injusta y odiosamente revanchista es la pretensión de suprimir los 37 títulos nobiliarios concedidos por Franco durante su régimen. Al margen de que la Constitución establece que corresponde al Rey “conceder honores y distinciones con arreglo a la ley” –competencia en la que una reiterada jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, incluye la concesión y mantenimiento de los títulos nobiliarios–, ¿se puede saber qué culpa tienen Santiago Ramón y Cajal o Ramiro de Maeztu, o sus herederos, del hecho de que Franco no fuese demócrata? La transmisión de esos títulos nobiliarios ya han sido refrendada y avalada por el Rey, y tendría que ser el monarca el que los derogara, así como, ya de paso, todos los títulos nobiliarios concedidos desde la Edad Media por reyes que, a diferencia de Juan Carlos I o Felipe VI, en modo alguno encabezaron regímenes democráticos.

Hay que hacer mención también al odio anticlerical que destila esta pseudoley, con la que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias pretende desacralizar el templo del Valle de los Caídos y expulsar a los benedictinos que allí residen. Los talibanes que nos gobiernan contemplan incluso la posibilidad de derruir la impresionante cruz que corona el monumento, lo cual encandilaría a aquellos socialistas y comunistas que alentaron y protagonizaron, antes y durante la Guerra Civil, una persecución religiosa que adquirió perfiles de lo que posteriormente la ONU catalogaría como genocidio.

Finalmente, no puede quedar en el tintero la denuncia de cómo un Gobierno que no mueve un dedo para detener y enjuiciar a los autores de los centenares de crímenes de ETA sin resolver, que gobierna con el apoyo de los proetarras de Bildu y que, recientemente, lamentaba "profundamente" por boca de su presidente el suicidio de un etarra preso pretenda crear una nueva Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar hechos de la guerra y la dictadura “hasta la entrada en vigor de la Constitución”.

Y mientras, España padeciendo la peor crisis económica y sanitaria de su historia reciente…

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