El inicio del juicio oral contra los acusados por el caso Nóos, entre los que se cuentan la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, ha propiciado una reacción de Mariano Rajoy que pone de manifiesto la falta de rigor y el desprecio a la Justicia con que el Gobierno ha venido manejado este grave asunto. En el comité de dirección de su partido, el presidente del Gobierno ha animado a los dirigentes del PP a proteger a la Corona del desgaste que supone ver a la hermana del Rey y a su marido sentados en el banquillo de los acusados. Pues bien, pocas cosas pueden perjudicar más a la Casa Real que el trato de privilegio que el Ejecutivo se empeña en otorgar a Cristina de Borbón sin que, y esto es muy significativo, el actual titular de la institución lo haya siquiera insinuado, al contrario que hizo su padre y antecesor.
La primera actuación vergonzosa amparada por el Gobierno de Rajoy fue la reunión convocada en su día en el Palacio de la Zarzuela cuyo único punto del orden del día fue la elaboración de un cortafuegos que salvara a la infanta de sus responsabilidades judiciales. En aquella reunión, a la que asistieron, además del monarca y el presidente del Gobierno, Alberto Ruiz-Gallardón y Eduardo Torres Dulce, se decidió una estrategia de huida hacia adelante que el voluntarioso fiscal Horrach pretende llevar a término con su borchornosa actuación en el proceso, más pendiente de salvar a Cristina de Borbón que de preservar los interés generales.
Desde aquella reunión, las instituciones públicas han actuado con un servilismo que dinamita el principio fundamental de la igualdad ante la ley. A la hija del anterior rey se le han admitido en la Agencia Tributaria tres facturas manifiestamente falsas para evitar que incurriera en delito fiscal. Tampoco su papel como copropietaria de una sociedad pantalla, y beneficiaria de argucias tales como el vaciado de fondos de una ONG que iba a ayudar a niños discapacitados y gravemente enfermos, ha merecido la atención del Ministerio Público, cuya principal preocupación sigue siendo dejarla al margen de toda responsabilidad.
Esta es la manera que Rajoy tiene de evitar el desgaste de la Felipe VI, justamente lo contrario de lo que merece un monarca intachable, que está ejerciendo sus altas funciones con unos estándares de limpieza y transparencia fuera de duda.
Lo mejor -en realidad lo único- que debe hacer el Gobierno para preservar la imagen de la Corona es dejar que la Justicia actúe sin presiones ni atajos. El peligro para la imagen de Felipe VI no es una eventual condena contra su hermana por actividades privadas ilícitas, sino la actuación cortesana de los poderes del Estado, ordenada por Rajoy. Urge proteger a la Corona de este tipo de acciones, que socavan el Estado de Derecho y dan argumentos a los que quieren dinamitar el orden constitucional.