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EDITORIAL

Un informe que debería hacer caer a Sánchez

El Gobierno mintió a la población y puso en serio riesgo la vida de millones de españoles; al menos 27.709 ya no podrán contarlo.

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El Gobierno ha tratado de diluir su responsabilidad en la propagación del coronavirus proclamando hasta la saciedad que nadie podía prever el colapso del sistema sanitario y los miles de muertos que se han registrado. Una y otra vez, Sánchez y sus palmeros mediáticos han aludido a lo imprevisible de una pandemia que solo se habría manifestado cuando ya era demasiado tarde para implantar medidas de prevención.

Pero mentían.

Claro que se pudo evitar la terrible mortandad que hemos padecido. Bastaba con que el Gobierno hubiera hecho caso a un informe elaborado por sus propios expertos en fecha tan temprana como el 10 de febrero, más de un mes antes de la declaración del estado de alarma, tal y como hemos publicado en Libertad Digital.

Por dicho informe, suscrito entre otros por el inefable Fernando Simón, queda acreditado que el Gobierno sabía ya en esas fechas que el coronavirus no era una simple gripe, como aseguraban unos y otros en público y repetían como papagayos los terminales de la prensa subvencionada. El Gobierno sabía que se trataba de un virus muy contagioso y con una elevada tasa de mortalidad, y que causaba graves complicaciones a un porcentaje muy elevado de infectados.

La información elaborada por sus propias fuentes no hizo al Gobierno cambiar un ápice su agenda populista, de tal forma que, ya entrado el mes de marzo, cuando los muertos en otros países se contaban por millares y comenzaban a ordenarse confinamientos masivos de la población, Sánchez y sus ministros animaban a participar en las algaradas ultras del 8-M. La vicepresidenta Calvo llegó a afirmar que a las mujeres les iba la vida en ello. Desde luego, no se equivocó. A muchas les fue la vida por confiar en ella y en sus colegas, mientras les ocultaban la verdadera información.

La existencia de este informe es de una gravedad extrema, por las consecuencias que se han derivado de su ocultación. El Gobierno mintió a la población y puso en serio riesgo la vida de millones de españoles; al menos 27.709 ya no podrán contarlo.

Solo por eso ningún partido opositor debería apoyar la pretensión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de extender su aberrante y liberticida estado de alarma. Muy al contrario, el horizonte de estos dos malhadados personajes ha de sustanciarse en los tribunales, donde tarde o temprano habrán de responder por su funesta gestión de una crisis de la que son terriblemente responsables.

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