En mi artículo "Padrinos de delincuentes" (LD, 12/11) argumentaba que el control asumido por los radicales antisistema de la CUP sobre la policía regional de Cataluña es tan aberrante como lo sería el hecho de que el clan mafioso Corleone controlase a la policía regional de Sicilia. Sin embargo me quedé corto. Ahora es un conglomerado totalitario de envergadura nacional el que se conjura para dejar inermes a los Cuerpos Fuerzas y de Seguridad de España. Un plan que forma parte de los preparativos para sumir el país en el caos y frustrar la vuelta a la normalidad cuando la mayoría de ciudadanos libres e iguales manifieste su voluntad de devolver el poder, con sus votos, a los partidos leales a la Constitución y a la Monarquía parlamentaria.
La primera artimaña
Vayamos por partes. La primera artimaña que emplearon los trapaceros consistió en popularizar la denominación ley mordaza para embaucar a los incautos y estigmatizar lo que en realidad es, como su nombre lo indica, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que se promulgó en el año 2015, junto con la firma del Pacto Antiyihadista, igualmente indispensable para la supervivencia de nuestra sociedad.
La ley mordaza es una de las que los camaradas de la comunista Yolanda Díaz aplican en sus satrapías, junto a las de presidio y paredón. En España, de mordaza, nada. Tras la aprobación de nuestra ley se siguió escuchando en los espacios públicos la algarabía estridente de los discursos incendiarios en castellano, catalán y vascuence de los líderes golpistas y de los sembradores de odio, con su eco en los medios de comunicación y en las redes sociales. Una algarabía que servía de acompañamiento a la marcha triunfal hacia la Moncloa del monstruo ensamblado por el doctor Frankenstein sanchicomunista y sus mecánicos secesionistas étnicos y filoetarras.
Ahora este monstruo, ya atornillado a la cabina de mando, fomenta la hostilidad virulenta contra los tribunales de justicia y contra su brazo armado, encargado de hacer cumplir la ley. El resultado está a la vista. Lo percibe incluso el nacionalista mediático Jordi Juan, director de La Vanguardia ("La Policía como enemiga", 6/10):
Un informe realizado por la sección "A Fondo" de La Vanguardia revela que las agresiones a los agentes de policía se han disparado en toda España y puede llegar, si se mantiene la actual tendencia, a crecer hasta un 42% más respecto al 2019, y hasta un 62,8 % más respecto al 2015.
El criminal como víctima
Un caso emblemático fue el del guardia urbano José Salas, que quedó tetrapléjico en Barcelona cuando recibió en la cabeza el impacto de una piedra arrojada por un okupa mientras procedía al desalojo de una fiesta ilegal. Después de pasar una temporada en la cárcel, esa escoria, Rodrigo Lanza, asesinó a un hombre en Zaragoza porque llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España. En este contexto, hay que subrayar la estulticia del Ayuntamiento de Barcelona, que premió la película documental Ciutat morta que tergiversó los hechos probados y presentó al criminal Lanza como víctima de un montaje.
¿Más testimonios del tsunami subversivo? Recordemos las turbas de descerebrados navarros que se solidarizaron con los ocho energúmenos condenados por agredir a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en un bar de Alsasua.
La ley grillete
La Ley de Seguridad Ciudadana que se han sacado de la chistera los padrinos monclovitas de transgresores variopintos para sustituir la vigente Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana no es una ley mordaza, es una ley grillete. Un grillete expresamente diseñado para inmovilizar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando las hordas de comunistas, secesionistas étnicos, filoetarras y nihilistas salgan a sembrar el caos para desestabilizar a un futuro Gobierno de salvación nacional, encabezado por la derecha liberal, cuyo ideario regenerador encarnan Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo..
Los preparativos para el caos los han denunciado sin remilgos los sindicatos de la policía: vía libre para las manifestaciones tumultuarias, los asedios a los parlamentos y tribunales y los escraches intimidatorios; filmación autorizada de los rostros de los agentes del orden en acción, con la consiguiente amenaza posterior de represalias perpetradas por los vándalos contra ellos y sus familias; reducción a dos horas de la retención indagatoria en comisaría con la obligación de convertir al agente en taxista para devolver al sospechoso al punto de partida en el coche patrulla; restricciones a la identificación y el cacheo de los sospechosos; puesta en duda de la veracidad de los atestados policiales en general y de los referidos a agresiones físicas a los agentes en particular; y así sucesivamente hasta completar la paralización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, arrinconados por los padrinos sanchicomunistas frente a la embestida de los enemigos de la paz y la convivencia en una sociedad abierta.
Este es el sueño húmedo de los delincuentes congénitos. Procuremos que cuando se despierten descubran que la seguridad ciudadana protegida por la ley es intocable y los deja definitivamente fuera de circulación.
PS: Los diputados de ERC que ocupan escaños en el Congreso piden al Gobierno información detallada sobre instalaciones y efectivos de las Fuerzas Armadas radicadas en Cataluña ("Cerco independentista al Ejército", Vozpópuli, 14/11). Puesto que estos indagadores reniegan de su nacionalidad española y reivindican su pertenencia a una república mítica, en razón de lo cual se niegan a prometer obediencia a la Constitución y al rey de España, comunicarles dichos datos pondría en peligro la seguridad nacional. Al abjurar explícitamente de todo deber de lealtad, estos rufianes podrían concertar pactos con Rusia, China, Irán o Venezuela y transmitirles esta información confidencial sin darse por enterados de que están traicionando a su verdadera patria. Una traición de la que el Gobierno no puede ser cómplice ni encubridor.