Estaba a punto de cumplirse el plazo dado por Reuven Rivlin, el presidente del país, para que Netanyahu formara Gobierno. El día después de las elecciones, con su victoria contra todo pronóstico, no parecía que Bibi fuera a tener demasiados problemas para formar un Gobierno de centroderecha estable, o todo lo estable que puede ser una coalición en Israel. Pero Avigdor Lieberman, socio de Netanyahu en las últimas legislaturas, decidió sorpresivamente descolgarse. Así que lo que pudo ser una mayoría holgada de 67 diputados se ha quedado en 61, lo que reblandece los cimientos del nuevo Gabinete. Los partidos que forman parte del mismo son: Likud, Kulanu, Habayit Hayeudí (el Hogar Judío), Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
El Gobierno número 24 de Israel se ha marcado los siguientes objetivos, según se expone en el acuerdo de coalición:
- El fortalecimiento del Estado de Derecho.
- La reducción del coste de vida.
- El fomento de la competencia, especialmente en el sector financiero, y un mayor acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas.
- La integración de las personas con discapacidad en la sociedad, con ayudas para la educación y el empleo.
- El avance en el proceso de paz con los palestinos y otros vecinos, manteniendo los intereses nacionales de Israel.
¿Son estos objetivos realizables, dada la identidad de los nuevos ministros?
El nuevo Gobierno Netanyahu alberga el centro de Kulanu y los sectores más radicales de El Hogar Judío de Naftalí Bennett. Los ultraortodoxos, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, aunque sean considerados de derechas, lo son si acaso sólo en lo que a moral y valores se refiere: en términos económicos son más socialdemócratas que los laboristas. Las líneas maestras del programa pretendido parecen escritas por Moshé Kahlón, el líder de Kulanu: tiene un marcado carácter económico y social y no se sale del guion en lo relacionado con los palestinos.
La disparidad de los partidos coaligados puede ser, según apuntan casi todos los analistas, una gran fuente de inestabilidad. Mairav Zonszein dice en The Guardian que el nuevo Gobierno está formado por hard-liners y que, por tanto, entrará en colisión con Estados Unidos y otros aliados. Por cierto, Netanyahu ha decidido reservarse la cartera de Exteriores. Su segundo en este ámbito será el exembajador en EEUU Michael Oren, de Kulanu. Ciertamente, Oren sería un ministro de Exteriores ideal y seguro que limaría asperezas con la Administración Obama y prepararía con esmero el reset que se produzca con el próximo mandatario norteamericano, ya sea demócrata o republicano.
Isaac Herzog, el gran derrotado de las elecciones de marzo, ha calificado a la nueva coalición de "desastre nacional, irresponsable e inestable". Por su parte, Yohanan Plesner, presidente del Israel Democracy Institute, considera que es una receta para el estancamiento y la disfunción:
No va a haber cambio importante alguno, ya sea en la política económica o en los asuntos exteriores. Es un Gobierno que se basa en el equilibrio continuo y en complacer a unos sin molestar a los otros. O se ampliará o se derrumbará.
En cambio, Avraham Diskin, politólogo de la Universidad Hebrea, cree que este Gobierno va a ser más coherente que el anterior. No habrá tantos primeros ministros potenciales ni tantos programas políticos mezclados. Quizá Diskin tenga razón y, como en las elecciones, Bibi supere los pronósticos de la mayoría de los analistas.
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Uno de los nombramientos más controvertidos ha sido el de la diputada Ayelet Shaked, del Hogar Judío, como ministra de Justicia. Haviv Retig escribe en The Times of Israel que no tiene experiencia en leyes, que pretende acabar con el reinado de la Corte Suprema para evitar que anule decisiones del Parlamento y cambiar el sistema de elección de jueces del Alto Tribunal para que quede en manos de los políticos. De ser así, esperamos que afronte una férrea oposición y fracase. La Justicia es la institución más eficiente y respetada de Israel, y un ejemplo para todo el mundo democrático: politizarla sería acabar con ella.
El punto más negro del nuevo Gobierno es, sin duda, Arieh Deri, líder del Shas, que ocupará una cartera fundamental: Economía. Deri fue condenado a dos años de cárcel por aceptar sobornos y por fraude, y forzó que Eli Yishai y sus acólitos se fueran a fundar otro partido, Yajad. Ya dijimos que la Justicia en Israel es implacable; pero, como dijo Churchill, en la política se puede morir varias veces. Deri ha conseguido, sorprendentemente, salvar su pasado y encargarse de las cuentas del país. Como contrapeso tendrá en la cartera de Finanzas a Kahlón. Sea como fuere, que un condenado por corrupción maneje el Ministerio de Economía es, cuanto menos, alarmante.
La religión será otro foco de tensión. En el reparto de carteras, Likud se ha quedado con la mayoría de las importantes, y al emergente Naftalí Bennett le han adjudicado Educación: su segundo es ultraortodoxo, y es de esperar que haya bastante movimiento en tal departamento. Bennet es partidario de proseguir con el fin de la exención del servicio militar de que disfrutaban los ultraortodoxos sirvan en el ejército para se integren en la sociedad, algo que su segundo, Meir Porush, tratará de evitar.
Con los haredim de nuevo en el Gobierno -han sabido establecerse en el sistema como partidos bisagra, Shas es el mejor ejemplo de ello-, la pervivencia del statu quo volverá a estar sobre la mesa. De las mejores iniciativas que llevó a cabo el anterior Gobierno fue la derogación de la Ley Tal, que permitía a los haredim no servir en el Ejército. El primer punto de la agenda oculta de Shas y Judaísmo Unido de la Torá es revertir tal situación.
Más allá de las tensiones internas y la fragilidad de la nueva coalición, el nuevo Gobierno tendrá que ponerse a trabajar. Las cuestiones socioeconómicas suscitan un tremendo interés e incluyen cuestiones de gran calado. Bibi tendrá que definirse y marcar un rumbo, porque un Gobierno sin rumbo es aún más inestable que uno con ministros enfrentados.
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