Guy Verhofstadt, diputado liberal del Parlamento europeo, de nacionalidad belga y convencido europeísta, ha calificado de siniestro el plan de Johnson para lograr, por medio del cierre del Parlamento británico, un Brexit sin acuerdo. No ha sido el único que desde Europa ha calificado la jugada del primer ministro inglés. Lo ha hecho también el democristiano alemán Norbert Röttgen, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, que la ha considerado literalmente antidemocrática.
Es probable que Boris Johnson le esté forzando las costuras a la constitución británica. No obstante, sus normas, al ser en su mayoría fruto de la costumbre y no estar escritas, permiten una flexibilidad que en otros lugares no sería posible. Todo nuevo Gobierno presenta su programa por medio de un discurso de la reina que, como todo el mundo sabe, redacta el primer ministro y en nada compromete la neutralidad de la Corona. Debido a que se trata de un programa de gobierno, es igualmente costumbre que, antes de dicho discurso, se suspendan las sesiones del Parlamento y decaigan las leyes en tramitación, pues de lo que se trata es de iniciar una nueva andadura legislativa bajo la dirección del nuevo Gobierno. Es la reina la que suspende el Parlamento, pero es una mera formalidad, pues la decisión corresponde exclusivamente al primer ministro. Lo inusual de la medida de Johnson es su duración. Lo normal es que, en estos casos, el Parlamento esté cerrado durante unos días, una semana a lo sumo. En esta ocasión, lo estará durante cinco.
A nadie se le oculta que lo que pretende Johnson es forzar un Brexit sin acuerdo u obligar a que el Consejo Europeo del 17 de octubre acepte modificar el suscrito con Theresa May en la cuestión crucial, que es el de la frontera entre las dos Irlandas. Los parlamentarios británicos han sido así puestos ante una disyuntiva muy grave. Están mayoritariamente en contra de un Brexit sin acuerdo, pero no han sido capaces hasta ahora de presentar una alternativa por culpa especialmente de Jeremy Corbyn, el líder laborista, y los diputados conservadores que no son partidarios del Brexit. La solución más fácil, y tienen tiempo para ponerla en práctica, es una moción de censura. Pero han de elegir después un primer ministro neutral que tenga como única misión solicitar una prórroga de la aplicación del artículo 50 para evitar la abrupta salida del 31 de octubre y convocar elecciones generales con el fin de que una nueva mayoría trate de sacar al Reino Unido del atolladero en el que se ha metido. Pero nadie quiere ceder en cuanto a quién ha de presidir ese Gobierno de emergencia.
La treta de Johnson para salirse con la suya y evitar que tal operación cuaje puede o no ser democrática y puede o no ser constitucional. Pero cualquier decisión al respecto corresponde exclusivamente a los británicos, a sus gobernantes y a sus jueces. Es intolerable que políticos europeos de otras naciones se permitan tachar de antidemocráticas operaciones que, por muy discutibles que sean, no son de su competencia. Porque, si son legales, son democráticas, y si no lo son, a quien corresponde decidir es a los jueces británicos. Esta intromisión de los políticos centroeuropeos, especialmente alemanes, pero no sólo ellos, en los asuntos de los demás, da igual que sea Polonia, Hungría, Italia o ahora Gran Bretaña, autoelevados a la categoría de jueces con autoridad para fallar sobre la calidad democrática de tal o cual ley o de tal o cual política en otros países, es lo que va acabar con el proyecto de la Unión Europea. Ésta será lo que todos los europeos queramos que sea y no lo que los alemanes (y holandeses y belgas) digan que debemos ser. Verhofstadt y Röttgen suministran a Johnson munición de oro para defender su Brexit. ¿Quién va a querer quedarse en un sitio donde son otros los que deciden sobre qué es democrático y qué no de lo que legalmente se hace en su país?