Juan Carlos Campo tiene para ser ministro de Justicia la misma gracia que Irene Montero para serlo de Igualdad, esto es, ser pareja de una preboste del partido. En sí mismo Campo es una prueba andante de que, en la izquierda, el feminismo triunfa porque en PSOE y Podemos sus líderes colocan a sus consortes con plena igualdad de género. Pues bien, el ministro consorte de la presidenta del Congreso se ha reunido con la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová. Con ella se ha comprometido a retirar la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial que habría permitido nombrar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces sin el requisito de mayoría cualificada. Ya decía Fraga que los socialistas sólo aciertan cuando rectifican. Pero no hay que olvidar que, en este caso, lo hacen para evitar la sanción de la Unión Europea, no porque crean en el Estado de Derecho. La prensa de izquierdas se ha apresurado a afirmar que la vicepresidenta europea sí ha “avalado” en cambio la reforma que impide a un Consejo en funciones realizar nombramientos. Es esta prohibición la que está dejando sin cubrir las vacantes que se están produciendo en los altos tribunales. Y es la misma reforma que tres asociaciones de jueces han denunciado en Bruselas. Sin embargo, el “aval” de Jourová lo ha dado sólo “en principio”, haciendo una reserva en favor del informe que sobre la situación del Estado de Derecho en todos los países miembros publicará la Comisión en septiembre. Ya veremos si entonces sigue Bruselas “avalando” la reforma.
En cualquier caso, quien no está dispuesto a ceder es Podemos, que cree que es obligación del PP pactar con el PSOE que haya vocales del Consejo designados por el partido de extrema izquierda por el mero hecho de haber firmado con el PSOE una coalición de gobierno. Jourová ha expresado su deseo de que se llegue a un pacto rápidamente y que la renovación del Consejo se produzca a la mayor brevedad posible, pero no ha dicho ni pío de que tenga que haber vocales de Podemos ni que la culpa del bloqueo sea del PP. Podemos argumenta que si el PP no quiere aceptar a sus designados algo habrá que hacer para obligarle a hacerlo, defendiendo así la medida ya retirada. Pero olvida que, dado que el nombramiento lo hacen las cámaras, el partido de Pablo Iglesias no tiene para designar vocales más título que cualquier otro partido minoritario, es decir, ninguno. A meses de que se convoquen las elecciones generales, que serán este otoño o la primavera próxima, Podemos quiere colocar a los suyos en el Consejo antes de que la coalición de gobierno caduque y se extinga la obligación del PSOE de respaldarlos. Y el PP, con toda la razón, se niega a que en el Consejo haya vocales filocomunistas, cuando Podemos no ha obtenido representación parlamentaria suficiente para imponerlo. La renovación sigue por tanto bloqueada, pero es por culpa de Podemos, que se empeña en tener un título del que carece, y por culpa del PSOE, que lo avala. Y se intuye que en Europa lo saben.