No le falta razón al partido socialista al considerar que Jesús Cardenal ha ocupado el papel de abogado defensor de Josep Piqué. No pretendo decir que a Cardenal le faltan razones ni razón, ni que esté más puesto en Derecho que su subordinado Vargas, pero parece que la función del fiscal es buscar indicios de delito y no argumentos exculpatorios. En otro caso, la de abogado defensor quedaría vaciada de contenido y el oficio como tal debería ser declarado en proceso de extinción. Lo que tenemos, por el momento, es un conflicto interno en la fiscalía y una tensión institucional. Resulta difícil precisar si la postura de Cardenal se debe a una convicción moral o a una defensa del Gobierno al que le debe el puesto. Esta segunda suposición no es maliciosa sino que pertenece al terreno de lo obvio.
Cuando se defiende las responsabilidades políticas se pretende evitar situaciones de este cariz: la utilización de los resortes del poder (la Fiscalía no es independiente, se ponga como se ponga quien quiera) para obtener ventajas para el político. El caso Piqué representa una regresión en ese nonnato proceso de regeneración, como se evidencia en la misma postura de Cardenal. Si Piqué hubiera dimitido, estaría claro que el fiscal general actuaría con respecto a elevados criterios de Derecho. Al mantenerse como ministro, lo de Cardenal es una operación tiznada de política y sospechosa de servicio al ejecutivo. Una agresión latente a la división de poderes. Un terreno en el que no avanzamos. Estamos siempre en terreno de nadie. Es decir, del Gobierno. Remember lord Acton.
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