Tal término fue acuñado en las terribles cuarenta y ocho horas de cautiverio, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La base filosófica era bien sencilla: por encima de cualquier diferencia, era preciso erradicar la violencia como argumento político y recuperar la calle para los ciudadanos. Intentar conseguir el mínimo de convivencia.
En aquellas jornadas, el liderazgo de tal unidad fue cedido, a iniciativa de Jaime Mayor Oreja, al gobierno vasco y a José Antonio Ardanza, pero aquella presencia masiva de ciudadanos en la calle, con un efecto psicológico similar a los primeros viajes del Papa a Polonia, produjo un miedo instintivo en el PNV a ser sobrepasado por el constitucionalismo. Tal proceso mental ha sido descrito por el entonces diputado del PNV, Joseba Arregi en su libro “La nación vasca posible”. Fue, como es notorio, Xabier Arzalluz el que rompió la unidad de los demócratas e ideó un proceso de convergencia nacionalista, un frentismo, con el fin de instrumentar a Eta en beneficio político propio, con el aliciente de una tregua. Al margen de que la banda terrorista no asumió en ningún momento la función de satélite del PNV, la unidad de los demócratas, que era la postura común generosa de defender la libertad personal antes de cualquier otro debate, pasó a un frentismo con precios políticos.
Los movimientos ciudadanos, recogiendo el espíritu de Ermua, se dispusieron, a pesar de los costes personales, a mantener el terreno conquistado en la calle, negándose al chantaje y denunciando la desprotección de la que eran objeto por parte del gobierno vasco. La misma necesidad de la movilización era una prueba palpable de ese vacío de poder, pues ninguna democracia, salvo en situación de riesgo totalitario, puede basarse en el heroísmo de los contribuyentes sino en el responsable ejercicio de la fuerza, sometida al imperio de la ley, de los poderes públicos. Es decir, siempre ha sido misión de la policía controlar la calle frente a los violentos. Para ello fue creada la Ertzaintza. Abyecto es, con todo, que las primeras declaraciones de Xabier Arzalluz e Iñaki Anasagasti no hayan sido contra los verdugos, sino contra las víctimas, en un intento de provocar su desmovilización con técnicas de intoxicación típicamente totalitarias.
Retornar a la unidad de los demócratas es además de recuperar el tiempo perdido, la exigencia de que el gobierno vasco funcione como lo hace un ejecutivo en una sociedad democrática: brindando protección a los contribuyentes, permitiendo la convivencia en las calles, persiguiendo y deteniendo a los delincuentes, a los que practican la violencia contra ciudadanos desarmados. Sólo el gobierno vasco tiene la responsabilidad y los medios para ejercerla.
El otro punto común de la unidad de los demócratas era aislar a los violentos. Es decir, no establecer pacto político alguno con la formación que apoya los atentados, organiza y desarrolla la kale borroka y, en ocasiones, actúa como aparato informativo e informador de Eta. Este compromiso ha sido asumido por Ibarretxe, aunque queda llevarse de manera coherente a los ayuntamientos.
La idea de instrumentar un grupo terrorista no sólo es inmoral, también es una quimera. El terror es expansivo, y como totalitario propende al control del poder absoluto, y por ende al genocidio, incluso de quienes en un momento dado pueden considerarse próximos a sus postulados. Funciona, eso sí, por etapas, limitando en ocasiones sus objetivos, pero la pretensión de que sólo una parte de la sociedad vasca está amenazada por Eta no sólo es, en quienes la insinúan, una cobardía; es además un error de juicio: nadie ajeno a la banda está fuera del corredor de la muerte, sólo es cuestión de tiempo, de posibilidades y de capacidad de matar. Lo mejor que puede hacer Ibarretxe es asumir el programa de Mayor Oreja en algo tan básico como que la Ertzaintza funcione como policía de proximidad.
La unidad de los demócratas es hoy, en casi toda medida, que el gobierno vasco funcione como tal gobierno, no como mero pedúnculo de un partido, ni como ariete de un proyecto idéntico en los fines a los terroristas, pues tal gobierno tendría como finalidad la subversión y no el orden público, y sería de nuevo cómplice de la socialización del terror.
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