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BOLIVIA

La alcaldesa de Oruro

Rocío Pimentel, la mujer que el 4 de abril de 2010 ganó la alcaldía de Oruro, está a punto de ser suspendida de su cargo y corre el riesgo de enfrentar cinco años de cárcel por el proceso que le han iniciado concejales del Movimiento al Socialismo (MAS). El supuesto delito, haber designado un delegado municipal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción sin haber seguido los pasos legales.

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El caso de Pimentel es una muestra más de la persecución política desatada por el gobierno boliviano contra quienes se atrevieron a ganarle en las urnas. Proviene del periodismo, donde destacó como conductora televisiva y dirigente gremial. Para sorpresa de muchos, ganó las elecciones municipales de Oruro, ciudad capital del departamento del mismo nombre, en el que nació Evo Morales. Quizás este sea uno de sus principales pecados, el haber ganado en un territorio donde el MAS había ganado en los últimos años con porcentajes muy altos de votación.

Desde entonces, Pimentel ha denunciado ser objeto de un acoso permanente por parte de sus adversarios políticos, persecución cruel que ha llegado incluso al seguimiento de sus padres, ya ancianos, y de sus hermanos; además, ha sido objeto de desaires en reiteradas ocasiones, como cuando el protocolo presidencial la apartó del desfile conmemorativo del aniversario de Oruro.

El delito del que se le acusa es absurdo y sin sentido. El nombramiento de funcionarios encargados de la lucha contra la corrupción es algo promovido por el propio gobierno nacional. Sin embargo, so pretexto de que este nombramiento no estaba contemplado en la estructura municipal, se acusa a Pimentel de hacer nombramientos irregulares, mostrar una conducta antieconómica e incumplir sus deberes.

En cualquier Estado de Derecho esto no ameritaría la suspensión de una autoridad electa por el voto popular, tampoco su detención. Sin embargo, en la Bolivia gobernada por el MAS se ha aprobado una ley por la cual se suspende a las autoridades ante la sola apertura de una causa; es decir, se sanciona antes de que se pronuncien los tribunales. Peor aún, jueces y fiscales, presionados por el poder político, privan de libertad a líderes opositores con el menor pretexto y sin el más mínimo respeto a lo más elemental, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

De esta forma, el partido del gobierno toma las alcaldías que perdió en abril de 2010, cuando solo ganó en dos de las nueve capitales de departamento. Ya ha logrado apartar de sus cargos a los alcaldes de Sucre y Potosí, y actualmente enfrentan similar amenaza los de La Paz, Tarija y, como vemos, Oruro.

El MAS insiste en la confrontación y la polarización. Es la forma de gobernar y hacer política que practica para eliminar cualquier alternativa que represente una amenaza a su hegemonía, hoy debilitada por la pérdida de popularidad que experimenta ante la falta de soluciones a los problemas relacionados con la economía y la seguridad.

 

© El Cato

ÓSCAR ORTIZ ANTELO, expresidente del Senado de la República de Bolivia.

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