La estabilidad de Marruecos bajo el reinado de Mohamed VI

Así, se parte de premisas más deseadas que reales, como la necesidad de sostener y apoyar a una monarquía corrupta y dictatorial por ser fiable, estable, moderna y garante de un proceso de democratización inexistente. Ello conlleva a su vez la velada aceptación de situaciones que en otra parte del planeta serían simplemente inadmisibles, como la violación del Derecho Internacional o determinadas exigencias políticas o comerciales poco razonables.

 

 

El reinado de Mohamed VI se iniciaba con la esperanza de ver algún cambio de tendencia política en aras a la consecución de un verdadero proceso de transición a la democracia en aquel país norteafricano. Ello suponía un esfuerzo considerable en varias direcciones, no sólo en lo político sino también en lo económico y lo social. Sin embargo, las primeras iniciativas del monarca quedaron muy pronto supeditadas a los intereses particulares de una monarquía que no está dispuesta a ofrecer a la sociedad marroquí una posible transformación que relegue aquélla a un segundo plano. Por si ello no fuera suficiente, los hechos acaecidos han mostrado la poca fiabilidad de un monarca que no ha dudado en utilizar la agresión como recurso político y que genera una inestabilidad creciente en el extremo occidental del Mediterráneo.

 

La verdadera cuestión planteada podría concretarse en torno al antagonismo existente entre dos opciones de entender la acción interior y exterior del país magrebí. La primera considera la estabilidad del régimen como algo que debe ser salvaguardado, dando por hecho que cualquier acontecimiento que ponga en cuestión la política del Majzén sería un potencial desestabilizador para el régimen, y en consecuencia bastante pernicioso para la seguridad europea y mediterránea. La premisa de partida de este argumento es bastante clara, considerando que lo más estable en la actualidad es el sostenimiento del Majzén, con el Rey al frente como principal actor político.

 

La segunda opción, aquí defendida, da cuenta de una realidad algo tozuda, a saber: la consideración del Majzén como pieza clave explicativa y generadora de inestabilidad en el sistema, Marruecos en particular, incluyendo el Magreb como zona regional más relevante. El papel asignado a Marruecos como generador de conflictos estaría supeditado ahora a la existencia de una serie de hechos que, originados en el interior del país, ponen en entredicho las bondades de un régimen autocrático, ensalzadas a menudo desde el mundo político y académico europeo por considerar que son adecuadas para la defensa de sus intereses en la región. En este sentido, el caso de España llegaría a ser casi enfermizo, en la medida en que la política exterior con relación a Marruecos parte de unas premisas discutibles o simplemente pueriles. La escasa definición de los intereses españoles en la zona, la ausencia de objetivos claros, la existencia de una serie de complejos anclados en el subconsciente de la sociedad y la clase política españolas, así como la ausencia de análisis teóricos adecuados a la realidad estudiada, convierten las relaciones hispano-marroquíes en fuente permanente de agravios y conflictos.

 

 

Esta realidad explicaría el sostenimiento tradicional que los sucesivos Gobiernos españoles han brindado a una monarquía corrupta y dictatorial como la marroquí, la indefinición de la postura española con relación al conflicto del Sahara Occidental, el desarrollo de teorías absurdas como “el colchón de intereses” para amortiguar los posibles conflictos entre ambos países, lastrando de este modo la acción exterior española en la zona, o las más graves políticas de abandono respecto a algunos territorios norteafricanos, tan sólo remediadas en parte tras las cuantiosas inversiones realizadas bajo los ocho años de Gobierno conservador en España. Y todo ello como fruto de la mala percepción existente en torno al país magrebí.

 

Bajo el nuevo reinado de Mohamed VI parece que comienzan a repetirse los mismos errores de apreciación, sin que se haya producido ninguna modificación aparente en las políticas desplegadas por el soberano en Marruecos. De este modo, la estabilidad del país estaría siendo comprometida por el propio monarca, y las opciones de cambio, indefectiblemente bloqueadas por una actitud autocrática que impide el desarrollo de la democracia.

 

El primer ámbito donde quedaría plasmada la ausencia de una voluntad firme del Majzén en aras a una democratización de Marruecos sería el comprometido cambio político. Desde que Mohamed VI accediera al trono, las manifestaciones en favor de una posible transición política impidieron visualizar las verdaderas intenciones del régimen en este campo. De hecho, el nuevo soberano mostrará muy pronto la escasa voluntad por emprender una transformación seria del sistema político. Ni la celebración de elecciones, ni los cambios gubernamentales o las reformas legislativas emprendidas, ni siquiera las actuaciones sociales de todo tipo que tanto gusta el rey de monopolizar en favor de su imagen personal, están sirviendo de mucho, dada la escasa voluntad por iniciar una reforma del texto constitucional que limite los poderes y facultades del monarca.

 

 

Sin la necesaria reforma constitucional muy difícilmente podrán cumplir los partidos políticos las funciones que les asigna el liberalismo democrático en su doctrina más extendida en Occidente. Los dos procesos electorales realizados en Marruecos desde el ascenso de Mohamed VI al trono han demostrado la debilidad de los propios partidos para hacer frente al intervencionismo del Majzén, así como la sumisión de éste a los acontecimientos de todo tipo que pueden aflorar en cualquier momento, condicionando el proceso político del país. En cualquier caso, el talante antidemocrático de Mohamed VI se puso de manifiesto antes de las elecciones a través del nombramiento de nuevos miembros del Gobierno, el ejercicio de funciones del Ejecutivo y la suplantación de éste en numerosas ocasiones.

 

La reciente redacción de la ley de partidos se encamina igualmente hacia una remodelación del campo político; un nuevo intervencionismo intolerable en un régimen democrático, pues dota de unas atribuciones extraordinarias al ministro del Interior en el proceso de constitución de un nuevo partido. La prohibición de formaciones de corte étnico, religioso o regionalista imprimirá al sistema político unos nuevos contrapesos, en especial si se pretende reformar la Constitución con vistas a una cierta descentralización administrativa, lastrando de este modo una hipotética autonomía a ciertos territorios, como pudiera ser el Sahara Occidental si finalmente fracasa el plan de paz, objetivo perseguido insistentemente por Mohamed VI.

 

La exigencia a los partidos políticos de ciertos requisitos de funcionamiento interno terminará por condicionar su desarrollo y estructura, fomentando los procesos de fusión e integración entre ellos, reduciendo así el atomizado sistema partidista marroquí, facilitando de este modo al Majzén la labor de control de los procesos de formación de Gobiernos, así como el de los cuadros de dichos partidos. Sin duda una apuesta arriesgada, en la medida en que el partido islamista es el más sólido de los existentes en Marruecos en la actualidad, pudiendo ver de este modo fortalecida su estructura, circunstancia que revela el interés del Majzén por integrar en el próximo Gobierno al mal llamado islamismo moderado, o bien aislarlo por completo en el Parlamento.

 

 

Sin duda, la política exterior ha sido uno de los campos más sensibles a la intervención del monarca. El excesivo grado de conflictividad adquirido por la diplomacia marroquí es signo evidente de la inestabilidad política reinante en el país. Marruecos es inestable y genera inestabilidad a su alrededor. Y ello depende de quién toma las decisiones en este ámbito, reservado para el Majzén desde hace varias décadas. Junto a ello, Marruecos ha demostrado ser muy sensible a los cambios producidos a su alrededor. Quizás los dos ejemplos palpables de esta nueva situación sean los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la orientación, algo ambiciosa, de la política exterior española en los dos últimos años de Gobierno conservador.

 

Con relación al primer hecho, Marruecos descubriría la debilidad de su posicionamiento internacional, dependiente en gran medida de la voluntad de otros Estados, que recurrirán a su apoyo según determinadas condiciones e intereses. Así, no le quedará más camino que volverse hacia su ámbito natural de actuación: el mundo islámico; con las dificultades que ello conlleva, en especial la pérdida del rol mediador en Oriente Medio, la presión del islamismo en el interior del país, la desconfianza generada a su alrededor –concretamente en Europa– y la sumisión a la diplomacia arabo-islámica, débil y carente de prestigio en el entorno internacional.

 

Por lo que hace a España, el endurecimiento de la posición de Madrid en asuntos tan trascendentes como el futuro del Sahara Occidental y la contundente respuesta frente al incumplimiento de los acuerdos de inmigración o frente a la agresión practicada desde el reino alauita consiguieron situar a éste en una posición de un cierto aislamiento, especialmente visible en el conflicto del Sahara Occidental. Lamentablemente, la torpe política desplegada por el nuevo Gobierno socialista en España ha conseguido desbloquear la incomoda situación en que se encontraba Marruecos, forzado a una negociación sin condiciones hace tan solo un año.

 

La intransigencia marroquí en la aplicación del derecho internacional ha llevado el conflicto del Sahara Occidental a un callejón sin salida, cuyo signo más evidente ha sido la dimisión de James Baker, demostrando la persistencia en el Majzén del ideal nacionalista, así como el escaso respeto por la legalidad internacional y la nula capacidad negociadora del régimen, que como última solución suele recurrir a la fuerza como medio de presión diplomática para solucionar los diferendos con otros Estados, como ocurrió durante el año 2002 con relación a España.

 

Que la política exterior marroquí sigue siendo en exceso coyuntural es fácilmente perceptible si se analizan los apoyos recibidos por su diplomacia desde el exterior. Quizás el más relevante de todos ellos esté siendo el desplegado desde Estados Unidos con unos objetivos difíciles de ocultar a la opinión pública marroquí, excesivamente hostil frente a la Administración norteamericana. El lastre que supone para el reino alauita el problema del Sahara Occidental está permitiendo a Estados Unidos utilizar a Marruecos como pivote en su nueva política en torno al mundo árabe, encarnada en el proyecto del Gran Medio Oriente, la expansión de la democracia en la región y la creación a más largo plazo de un área de libre comercio entre los países del mundo arabo-islámico y Estados Unidos. La reciente consideración de Marruecos como socio estratégico de la Alianza Atlántica y la confirmación de la celebración en dicho país del fórum sobre el futuro del mundo árabe no servirían sino para respaldar la política exterior norteamericana frente al mundo islámico.

 

Cuando el apoyo exterior se debilita la diplomacia marroquí se tambalea, como quedó de manifiesto tras la agresión perpetrada contra España en 2002 o con el intento de enterrar el plan de paz para el Sahara Occidental, aquel mismo año. La pérdida del rol mediador en Oriente Medio muestra igualmente la dependencia a la que nos referimos, pues la crisis diplomática desatada entre Maruecos e Israel en 2000 ha supuesto la relegación de Rabat a un segundo plano en la gestión del conflicto palestino.

 

 

Finalmente, la reacción del régimen frente a la movilización social está siendo manejada con ciertas cautelas. En el momento de acceso al trono, además de como demócrata, Mohamed VI intentó aparecer ante la opinión pública nacional y extranjera como un monarca comprometido con el cambio y la modernización social de su país. Pasados cuatro años, el balance o la materialización de tal compromiso deja bastante que desear en campos como la libertad de prensa, los derechos humanos o la represión de la contestación social. De hecho, ésta sigue siendo reprimida en la medida en que perjudica la imagen que pretende transmitir el Majzén de sí mismo, aperturista, moderna y de talante democrático.

 

La sociedad marroquí había alcanzado un grado de movilización en las postrimerías del reinado de Hassan II no bien percibido desde el Majzén. Así, desde 1999 se sucederán las manifestaciones más populosas conocidas hasta ese momento; manifestaciones relacionadas con asuntos considerados trascendentes por la sociedad marroquí, como el apoyo a la causa palestina, la defensa de los derechos de la mujer o la reislamización de la sociedad. Esta variedad reivindicativa no hacía sino demostrar la complejidad ideológica de la ciudadanía marroquí, signo palpable de la evolución que estaba sufriendo. En este sentido, se pueden vislumbrar dos vías que habrían canalizado las necesidades de cambio en la sociedad: una próxima a las ideas occidentales de desarrollo, democracia e igualdad de sexos y otra, algo más tradicional y retrógrada, encaminada hacia una reislamización del país y de su ciudadanía. Las movilizaciones consentidas lo serán en aquellos asuntos que no impliquen una erosión ni de la legitimidad ni de la seguridad en que se mueve el régimen autocrático de Mohamed VI. Cuando no se dan éstas circunstancias, el grado de tolerancia frente a la contestación disminuye. Pese a ello, los acontecimientos muestran una represión de los derechos humanos en el país, muy dependiente aún de las amenazas percibidas por el Majzén contra su seguridad.

 

 

El tiempo juega en contra del Majzén, y la presión del entorno internacional más inmediato va a sumir Marruecos en una incómoda posición, complicada a tenor del auge islamista detectado. La creación de organismos como el IER (Instancia para la Equidad y la Reconciliación) no ayuda demasiado a aclarar la posición del monarca frente a las exigencias derivadas de un serio compromiso en el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos. Sin duda una buena forma de despistar a la opinión pública tanto nacional como internacional, pues el IER, creado para estudiar los casos de desapariciones forzadas y detenciones abusivas durante el reinado de Hassan II, está actuando sin embargo como instrumento útil para escenificar una ruptura de Mohamed VI con la dictadura anterior. De hecho, entre los fines perseguidos se descartó desde un principio la persecución y enjuiciamiento de los responsables de tales delitos, restando eficacia a los trabajos de la comisión de estudio. Por si no fuera suficiente, el informe final del IER deberá se aprobado por el monarca, con lo que las conclusiones del órgano examinador se verán lastradas definitivamente, al quedar en entredicho su independencia.

 

Nada es lo que parece en el reino magrebí, y las últimas actuaciones del monarca aportan escasa luz sobre las reformas que ha prometido en los sucesivos discursos que ha pronunciado desde que accedió al trono. Han sido bastantes las rectificaciones, con lo que ha quedado demostrada la inconsistencia del régimen. Mohamed VI tenía la oportunidad de cambiar la evolución autoritaria. Lamentablemente, asistimos en la actualidad hacia una consolidación del sistema político que en su día pusiera en práctica Mohamed V y continuara Hassan II. Nos encontraríamos, en definitiva, ante una autocracia relativamente liberalizada, sin opciones de cambio en los próximos años de reinado del actual monarca.